Las labores de búsqueda de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, población del estado mexicano de Guerrero, municipio de Iguala, que desaparecieron de forma forzada el 26 de septiembre pasado, tras la actuación violenta de la policía de la localidad en conjunto con un grupo paramilitar, reveló que las fosas clandestinas con restos humanos es una actividad nada inusual en este país.
Durante las labores de investigación y búsqueda se determinó que los alumnos sufrieron violaciones a sus derechos humanos como torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales. Además, se han encontrado cerca de 30 fosas comunes con cuerpos de personas presuntamente asesinadas por organizaciones criminales que operan en México.
El 9 de enero de 2014, por ejemplo, se realizó un operativo de exhumación en las comunidades de Puente Campuzano y Mezcaltepec, en el municipio Taxco de Alarcón, cuando representantes del Ministerio Público junto con personal del Ejército recibieron un «reporte» de la existencia de fosas clandestinas. En el lugar se encontraron 12 cuerpos no identificados, refiere un trabajo especial del medio mexicano Sin Embargo (www.sinembargo.mx).
El 17 de abril siguiente, policías ministeriales y autoridades de la misma dependencia mexicana reportaron el hallazgo de otras cuatro fosas en la colonia de San Miguelito, en el municipio de Iguala, esta vez con siete cuerpos.
Luego, el 20 de mayo, la Procuraduría General de la República mexicana reportó haber encontrado cuatro fosas más con nueve cuerpos, en la colonia Lomas del Zapatero, de Iguala. Para el 7 de junio se hallaron cinco fosas «derivado de una denuncia anónima y trabajo de inteligencia»: en el lugar se encontraron once osamentas en avanzado estado de descomposición, a la altura del puente de paraje Tlahuizapa, en el municipio de Eduardo Neri.
En el primer semestre del año, en cuatro rastreos, se logró el hallazgo y exhumación de 39 cadáveres, personas que fueron secuestradas, asesinadas y enterradas de manera ilegal.
LA DESAPARICIÓN QUE DESPERTÓ A MÉXICO
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas motivó a un despliegue sin precedentes de agentes asignado a la búsqueda y que, de acuerdo con el Gobierno federal, llegó a ser de hasta 10.000 elementos, refiere el medio mexicano Sin Embargo.
Producto de este despliegue, el 5 de octubre, el Ministerio Público mexicano reportó la detención de dos personas que habían conducido al hallazgo de seis fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, en donde se encontraban 28 cadáveres, ninguno de ellos pertenecientes a los normalistas.
Cuatro días después, el 9 de octubre, la Procuraduría General de la República informó haber encontrado otras cuatro fosas cerca del rancho La Sierpe, también en Pueblo Viejo, todavía buscando a los estudiantes desaparecidos. En el lugar habían ocho cuerpos.
El 22 de octubre, la misma dependencia encontró una fosa más en el mismo sitio donde el Ministerio Público había descubierto las seis primeras, esta vez con dos cuerpos.
En tan solo 17 días fueron encontradas 11 fosas clandestinas con los restos de 38 personas. «En promedio, más de una víctima de desaparición o de secuestro, asesinada y enterrada por día, solo en Iguala», señala el medio mexicano.
MEDIDAS SIN ÉXITO
El 9 de julio pasado el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas que incluía un registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas, sin que hasta la fecha hayan dado resultado. Una prueba de ello el hallazgo de más fosas clandestinas de reciente data y la falta de respuestas sobre los 42 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que aún siguen desaparecidos, pues uno solo de los 43 ya fue identificado muerto (Alexander Mora, tras diversas pruebas de ADN efectuadas en un laboratorio austriaco).
Asimismo, los mexicanos se quejan de que el Estado no cuenta con un método de consulta sobre los protocolos de atención e investigación de desaparición forzada o tortura, y menos con una investigación sobre los casos ya existentes, como las 23 mil personas desaparecidas (de acuerdo a cifras suministradas por el Gobierno), y de la voz pasiva por parte de las autoridades para reportar la continuidad de los hechos, como si no hubiera sujetos responsables de la acción.
Por otra parte, el pueblo mexicano señala que sin la lamentable desaparición de los normalistas a manos de las autoridades policiales, el mundo no hubiese conocido la situación de violación de los Derechos Humanos por la que atraviesa México.
En este sentido, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, comenta que «son pocos rastreos para el número de desaparecidos que hay».
En declaraciones para Sin Embargo, la abogada agregó que no se sabe «ni cuántas víctimas hay porque en el país no existe un registro de personas desaparecidas, que sería un paso básico para un plan nacional de búsqueda. Existe una cifra (estimada por el Gobierno), pero un registro no lo tenemos».
Delgadillo afirma que la impunidad con la que se secuestra, asesina y entierra a alguien en México es «una muestra de la debilidad de las instituciones que, por no investigar, han perpetuado un ciclo de violencia e impunidad».
Pero en México, agregó Delgadillo, «nunca se ha diseñado una estrategia de búsqueda de personas, ni vivas ni muertas, ni se coordinan esfuerzos ni información entre estados o entidades de Gobierno».
«Ahora vemos que en 2014 encuentran fosas en Guerrero, pero lo que pasa es que en otros lugares no encuentran más fosas porque no las están buscando», dijo, al tiempo que insistió en que las búsquedas se realizan sólo a iniciativa de las familias de las víctimas.
El medio mexicano refiere una estadística generada por la Secretaría de la Defensa Nacional y publicada en marzo de 2014, que indica tan solo entre marzo de 2011 y febrero de 2014 esa entidad de Gobierno exhumó 534 cadáveres enterrados en 246 fosas ubicadas en 16 estados del país, sobre todo Tamaulipas. Un promedio de 14 cuerpos inhumados ilegalmente localizados por mes en ese periodo de poco más de tres años, solo por el personal castrense.
VIOLACIÓN DE LOS DDHH EN CIFRAS
En noviembre pasado, el diario estadounidense Huffington Post publicó un trabajo sobre las cifras en las que se evidencia la «despiadada fuerza de los cárteles, la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado y la corrupción rampante presente en varias zonas» de México.
De acuerdo con el Huffington Post, la cifra estimada de asesinados desde que el Gobierno del expresidente Felipe Calderón comenzó su guerra contra los cárteles y el narcotráfico (en diciembre de 2006) es de 85.000. De acuerdo con el International Crisis Group, citado por el medio, «la violencia relacionada con los cárteles de la droga en México comenzó a escalar en 2004, bajo la presidencia de Vicente Fox. Tras ganar las elecciones, Calderón aplicó mano dura contra las organizaciones criminales, apoyándose en el Ejército», desatando un baño de sangre entre cárteles rivales y las fuerzas de seguridad.
Asimismo, indica que 8.000 es el número de personas desaparecidas desde que comenzó la presidencia de Peña Nieto a finales de 2012 y hasta mayo de 2014, según el ministro del Interior, Miguel Osorio Chong.
El número de homicidios denunciados en 2013 es de 22.732, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de México (Inegi), que registra como principal causa de muerte los disparos por arma de fuego, seguida de heridas por arma blanca y estrangulamiento. Los datos no revelan si los casos están relacionados con el crimen organizado.
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