• Fernando Ochoa Antich

La reciente decisión de la Fiscalía General de la República de solicitar la extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez, queriéndolo responsabilizar de los dolorosos acontecimientos ocurridos el 27 de febrero de 1989, es una flagrante injusticia y una nueva muestra de intransigencia de un régimen que lo único que ha hecho es sembrar odio y resentimiento entre los venezolanos. Ciertamente, el 27 de febrero fue un día trágico para nuestro país. Un sorprendente estallido popular paralizó a un gobierno que apenas había iniciado su gestión. Las causas que lo produjeron fueron muy variadas. En su momento, las autoridades civiles y militares las analizaron con detenimiento para evitar pudieran repetirse. Lo que no es verdad, y soy testigo de excepción ya que me desempeñaba como comandante de la Guarnición del estado Zulia, es que el presidente Carlos Andrés Pérez o el ministro Ítalo del Valle Alliegro hayan ordenado masacrar al pueblo venezolano. La única orden que recibimos las autoridades militares fue aplicar el Plan Ávila a nivel nacional. Cada jefe militar lo hizo en base a su conocimiento y experiencia. Fue una operación descentralizada cuya responsabilidad, en el idóneo empleo de los efectivos militares, era de sus mandos directos.