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 La versión sobre la intervención del sistema judicial del estado Bolívar, en especial las áreas del Segundo Circuito Judicial de Ciudad Guayana, por parte de la Inspectoría General de Tribunales fue desmentida por la Asociación de Abogados Socialistas del Siglo XXI. Los profesionales del derecho “aclaran que la función de la Inspectoría de Tribunales es recibir denuncias e investigarlas para luego informarlas a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial que se encarga de procesarlas y finalmente llegan a manos de la Comisión Judicial que es la autoridad que toma las decisiones de intervención”. Afirmaron que “no existe información oficial que permita tener como ciertas las declaraciones emitidas por un grupo de abogados en un medio de comunicación regional”.
Tribunales no serán intervenidos “Exhortamos a los abogados denunciantes que recuerden que como defensores de la justicia debemos ser los primeros en aplicar los mecanismos de la ley”, afirmó José García La denuncia sobre la intervención del sistema judicial del estado Bolívar, en especial las áreas del Segundo Circuito Judicial de Ciudad Guayana, por parte de la Inspectoría General de Tribunales fue desmentida por la Asociación de Abogados Socialistas del Siglo XXI. “Debemos aclarar que la función de la Inspectoría General de Tribunales es recibir las denuncias e investigarlas para luego informarlas a través de un formato a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial que se encarga de procesarla y finalmente llega a manos de la Comisión Judicial que es la autoridad que toma las decisiones de intervención”, manifestaron. En este sentido afirmaron que “no existe ninguna información oficial que confirme las declaraciones emitidas por un grupo de abogados en varios medios de comunicación de la región en días pasados. Quienes impulsados o afectados intereses particulares realizaron estas denuncias”. Ante tal actitud los miembros de la Asociación de Abogados Socialistas del Siglo XXI, presididos por el doctor José García, especialista en materia laboral, insta a este grupo de abogados representados por la ONG Justicia Hoy y la ONG de los Derechos Humanos del estado Bolívar para que formulen sus denuncias a través de los canales regulares del sistema judicial del Estado. Consecuencias “Se lo solicitamos no sólo como abogados, sino también como ciudadanos que reconozcan que existen funcionarios que están dentro del Poder Judicial por méritos y trabajan cada día para agilizar nuestro sistema judicial, y brindar así un mejor servicio a la comunidad en general”, explicó. El grupo de abogados, integrados por los doctores Maribel Cabrera, Maribel Maestre, Alvaro Natera y Carlos Mollegas, señalaron que este tipo de denuncias desmotivan al grupo de funcionarios que laboran con ética y responsabilidad en las diferentes salas que conforman los tribunales. Así mismo, causa incertidumbre y alarma innecesaria entre la población guayanesa, incrementando el nivel de desconfianza hacia el sistema judicial. Otra de las graves consecuencias es que desinforman a la ciudadanía al desvirtuar las funciones propias de los magistrados y las diferentes comisiones, ya que los abogados denunciantes tienen conocimiento exacto de los procedimientos que se realizan o deben realizarse dentro de los tribunales. “Debemos recordar que nosotros somos los garantes del uso de los mecanismos de la ley y debemos dar el ejemplo. Instamos con todo respecto a que nuestros colegas en primer lugar realicen las denuncias con fundamentos y pruebas. En segundo lugar se dirijan a las instancias correctas como la Inspectoría General de Tribunales quienes son las encargadas de recibir todas las denuncias relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial”, expresó García. Aclaratoria Entorno a la presunta designación y destitución de magistrados a dedos la Asociación de Abogados Socialistas del Siglo XXI explicaron que la Comisión Judicial está integrada por 7 magistrados que al mismo tiempo son presidentes en las salas que representan y cada uno tiene derecho a un voto. Lo que significa que ninguno por decisión propia puede asignar o destituir a un magistrado de su cargo. En este mismo sentido, recordaron que cuando ocurre una designación o destitución se toma en cuenta las credenciales del funcionario y su desempeño dentro del Poder Judicial, razón por la cual esta decisión nunca es arbitraria. Sin embargo, exhortaron al foro de abogados que si tienen conocimiento de alguna irregularidad en esta materia se dirijan ante la Inspectoría General de Tribunales y presenten el caso con las pruebas y fundamentos respectivos. |
