Se indicó que una vez la ley se publique en Gaceta Oficial, se darán a conocer qué empresas pasarán a pertenecer al Estado y se indemnizarán

La Asamblea Nacional aprobó una nueva ley que otorga al Estado el control de actividades vinculadas al petróleo que son actualmente ejercidas por empresas contratistas. Esta ley permitirá en la práctica la expropiación de algunas de estas firmas. La ley que "reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos", fue aprobada por mayoría por la Asamblea Nacional.

Señala que el Estado, vía la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o una filial, pasará a controlar las empresas de inyección de agua, vapor o gas y las que trasladan trabajadores y prestan servicios en la zona del lago de Maracaibo, explicó el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

"Estamos re-nacionalizando actividades que en el pasado eran propias de la nación y que un momento de la apertura petrolera fueron privatizadas", dijo el responsable.

Cuando la ley se publique en Gaceta Oficial, se especificará exactamente qué empresas pasarán a pertenecer al Estado y se las indemnizará.

La discusión de esta ley provocó críticas de los diputados de oposición a la gestión de Pdvsa, que según estos parlamentarios ha acumulado deudas y no puede honrar sus pagos pese a meses de bonanza petrolera.

Ramírez ya adelantó que la norma aprobada ayer no afecta a los taladros de perforación, a menudo propiedad de empresas privadas que últimamente han tenido problemas para recibir sus pagos.

Hasta ayer, la ley de hidrocarburos vigente en Venezuela únicamente reservaba al Estado las actividades de exploración y producción. AFP

Garantiza la producción

"Hay unos sectores conexos que son indispensables para garantizar la producción petrolera en nuestro país", declaró ministro de Energía y Petróleo.

Venezuela, mayor productor petrolero sudamericano, ya instauró en 2007 en la riquísima Faja del Orinoco un sistema de empresas mixtas entre Pdvsa y otras firmas, en las que el Estado posee al menos un 60% del capital.