• Fernando Ochoa Antich

La reciente decisión de la Fiscalía General de la República de solicitar la extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez, queriéndolo responsabilizar de los dolorosos acontecimientos ocurridos el 27 de febrero de 1989, es una flagrante injusticia y una nueva muestra de intransigencia de un régimen que lo único que ha hecho es sembrar odio y resentimiento entre los venezolanos. Ciertamente, el 27 de febrero fue un día trágico para nuestro país. Un sorprendente estallido popular paralizó a un gobierno que apenas había iniciado su gestión. Las causas que lo produjeron fueron muy variadas. En su momento, las autoridades civiles y militares las analizaron con detenimiento para evitar pudieran repetirse. Lo que no es verdad, y soy testigo de excepción ya que me desempeñaba como comandante de la Guarnición del estado Zulia, es que el presidente Carlos Andrés Pérez o el ministro Ítalo del Valle Alliegro hayan ordenado masacrar al pueblo venezolano. La única orden que recibimos las autoridades militares fue aplicar el Plan Ávila a nivel nacional. Cada jefe militar lo hizo en base a su conocimiento y experiencia. Fue una operación descentralizada cuya responsabilidad, en el idóneo empleo de los efectivos militares, era de sus mandos directos.

El régimen chavista ha buscado, por todos los medios, desacreditar el liderazgo y la obra de la República Civil que gobernó a nuestro país durante el período 1958-1998. En Venezuela se estableció, durante esos años, un régimen democrático, garante de las libertades públicas, con poderes independientes, con elecciones libres, con un estricto cumplimiento del principio de la alternabilidad republicana en el poder y tantos otros avances en el orden político que Venezuela era ejemplo a seguir en una América Latina plagada de dictaduras militares. Al mismo tiempo, se desarrolló una trascendente obra administrativa que logró la más importante transformación económica y social de nuestra historia. Es imposible enumerar en tan cortas líneas los éxitos alcanzados en los más variados aspectos del devenir nacional. Sólo me referiré a algunos: la masificación de la educación, el fortalecimiento de una pujante clase media, el mejoramiento de la salud pública, la modernización de la infraestructura, el desarrollo de ambiciosos planes de vivienda, la creación de un sistema, confiable y eficiente, de suministro de agua y de electricidad, la multiplicación de acueductos, la nacionalización petrolera, la creación de Pdvsa, el desarrollo de Guayana y pare usted de contar.

En general, los líderes democráticos han sido atacados inclementemente. Dos de ellos en forma más que insidiosa: Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez. Los dos tuvieron un papel estelar en la construcción de la democracia. Carlos Andrés Pérez fue secretario privado de Rómulo Betancourt durante su gestión al frente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, hasta caer preso el 24 de noviembre de 1948. Al ser derrocado Marcos Pérez Jiménez, fue designado, durante el nuevo gobierno de Rómulo Betancourt, ministro del Interior. Desde allí derrotó la insurgencia fidelista. Diputado por el estado Táchira por varios períodos, se dedicó a reorganizar su partido Acción Democrática. Electo presidente de la República en dos oportunidades realizó una ambiciosa gestión de gobierno que puso muy en alto el nombre de Venezuela. Sólo con recordar la nacionalización petrolera y su extraordinario papel en la lucha por recuperar la soberanía del canal de Panamá es suficiente aval de su recia personalidad. Esa trascendente figura política quiere ser presentada ante las nuevas generaciones como un asesino que ordenó masacrar a nuestro pueblo. Una total injusticia. La verdad, la única verdad, es que Carlos Andrés Pérez es una de las figuras históricas de mayor relieve de nuestro siglo XX.