Ante las constantes quejas de SintramakroBolívar referente al nuevo horario laboral, el gerente regional de Makro, Carlos Miranda, explicó que la empresa sólo está adecuando la jornada, según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

El vocero comentó que desde hace cinco meses se instalaron mesas de trabajo en todas las tiendas de la factoría para adecuar los horarios. Incluso, destacó que en Puerto Ordaz  también se han concertado  reuniones que han generado siete minutas, para ser más exactos.

Según refirió Miranda, el nuevo horario establecido está diseñado para cumplir con la legislación, beneficiar a los trabajadores y reducir el consumo eléctrico en el país, pues ahora se apagarán todas las torres de energía eléctrica a las 7:30 de la noche, dos horas antes de lo habitual.

Con respecto al bono nocturno que dejarían de percibir los empleados tras la reducción del horario, el representante de la empresa explicó que, para no perder el beneficio, el pago devenido de las horas nocturnas se incluiría en el salario. A su juicio, el ajuste no repercutirá en el ingreso salarial de los trabajadores ni en las vacaciones.

La transgresión del principio de soberanía alimentaria, denunciada por los miembros del sindicato,  también fue rechazada por el gerente, quien aseguró que antes de establecer el nuevo horario realizaron todas las investigaciones correspondientes y analizaron las consecuencias, determinándo que de 7:00 a 9:00 de la noche el ingreso de clientes es muy bajo.

Un total de 250 funcionarios de 11 instituciones gubernamentales se activaron a fin de inspeccionar y revisar los costos de los productos de la cesta básica en todos los establecimientos comerciales. 

Mediante el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización, los servidores públicos, acompañados por la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional y los comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, visitarán los comercios para constatar el cumplimiento de los precios de los alimentos con precios regulados, así como evitar el acaparamiento.

La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada, resaltó: "11 instituciones están unidas para revisar todos los establecimientos comerciales e iniciar esta lucha permanente por el control de los precios de la canasta básica y los alimentos que se encuentran regulados, así como todos los insumos que deben llegar a la mesa del venezolano".  Cerrada indicó que "la idea es hacer un control permanente de los precios de la canasta básica que se encuentran regulados en la Gaceta Oficial, así como todos los alimentos que deben llegar a la mesa de los venezolanos".  

El presidente de Fedcámaras, Jorge Botti, califica las reuniones que el gobierno  realiza  con el sector empresarial como buena señal para empezar a resolver los problemas de la economía, pero lamenta que no hayan sido convocadas las diversas instituciones que agrupan al sector productivo y comercial del país. 

Lo que sí destaca el empresario es que el Ministro de Finanzas, Nelson Merentes, "tomó el toro por los cachos", está manejando la economía.

En la reunión se evidenció que hay ánimo para resolver  fluidez de divisas, se acordó la instalación de mesas técnicas para analizar los procesos, "me refiero a las alcabalas para obtener dólares", también se habló de revisión de precios, pero no se mostró la intención de establecer, por ejemplo, ningún proceso alternativo a Cadivi.

Las medidas fundamentales que plantea Botti para que la economía se reactive  son consenso político en la sociedad, disciplina en lo económico y mucho corazón en los social, planes sociales que apoyen a los ciudadanos mientras se da el proceso de estabilización.

"La raíz del problema es el modelo -enfatizó el empresario- tenemos años con una economía hipercontrolada. Con altos precios del petróleo, estamos en esta situación tan grave, este modelo no funciona". "Hace falta un anuncio de que la política de expropiación no va a continuar, que se van a revertir algunas expropiaciones, hace falta tranquilidad política, bajar el tono de confrontación del país, no descalificar al sector empresarial", señaló el presidente de Fedecámaras.

La vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, informó que hasta  ayer en la auditoría ampliada a 46%, se han verificado 3505 mesas electorales, es decir, 9% de las mesas de votación correspondientes a las elecciones presidenciales del 14 de abril. 

Precisó que  equivale a un millón 435 mil 460 comprobantes de votos verificados. Destacó que en 10 días de auditoría, se ha encontrado 99,98% de coincidencia con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral el día de los comicios.  Agregó que en los casos donde hubo inconsistencias se certificó que estaban debidamente justificadas en las actas levantadas por los miembros  de mesa. "Los técnicos de los candidatos certificaron el proceso con el que fueron a elecciones, ahí están sus firmas", dijo.

Oblitas aseguró que esta verificación ciudadana "tiene un resultado más que técnico, moral. Demuestra que la robustez del sistema electoral venezolano tiene error cero".  Señaló que el propio 14 de abril se auditó 12,5% más de lo establecido por la norma. Anunció que hoy  viernes comienza la nueva fase de auditoría que durará 10 días más y esperan verificar 350 cajas al día.

“Es importante destacar que el restante no corresponde a inconsistencia en los datos se trata de diferencia asentadas que pudieron ser evidenciadas en las actas subscritas por los miembros de mesa y los cuadernos de votación”.