Las razones del juez para no investigar a la presidenta de Argentina por la denuncia de Nisman

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Un juez en Argentina desestimó este jueves una imputación contra la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, que había sido acusada por el fiscal Alberto Nisman de encubrir a los supuestos responsables iraníes del peor atentado en la historia del país.

«No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado», señaló el juez federal Daniel Rafecas.

Nisman fue hallado muerto con un disparo a la cabeza horas antes de presentar su acusación ante el Congreso.
El fiscal había denunciado a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otras personas cercanas al gobierno de haber firmado un acuerdo con Irán para encubrir la presunta participación de funcionarios iraníes en el ataque contra la sede judía Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994.

El pasado 13 de febrero, otro fiscal, quien asumió la denuncia de Nisman, pidió que se imputara a los sospechosos por el delito de encubrimiento.
Este jueves el juez Rafecas desestimó el pedido, considerando que hay «inexistencia de delito» en la denuncia.

A través de una larga resolución de 63 páginas, el magistrado explicó que no podía afirmarse que un Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán en enero de 2013 tenía como fin el delito de encubrimiento, tal como creía Nisman.

Ese acuerdo nunca llegó a concretarse, ya que el parlamento iraní nunca lo trató.

Por ende, para el juez no hubo ni siquiera «un comienzo de ejecución» del presunto delito.

LAS ALERTAS ROJAS

Otro punto que cuestionó Rafecas fue la acusación de Nisman de que el pacto con Irán tenía como fin el levantamiento de las llamadas «alertas rojas», como se conoce a los pedidos de detención de Interpol, que pesan sobre cinco acusados iraníes.

«Lejos de lo que sostiene el Dr. Nisman, el canciller argentino le reiteró una y otra vez a Interpol que dichas notificaciones rojas debían mantenerse», afirmó Rafecas.

Además, señaló que ese pedido «motivó el abandono de todo interés de parte de los iraníes en el Memorándum, tan temprano como en marzo de 2013, cuando cayeron en la cuenta que lo que –no sin torpeza, no sin negligencia- ellos apostaron, nunca iba a suceder».

Algunos en Argentina cuestionaron la decisión de Rafecas.

La diputada opositora Elisa Carrió denunció que el magistrado había «negociado» con el gobierno no investigar a la presidenta a cambio de que las autoridades desestimen una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura, el órgano que juzga el mal desempeño de los jueces.

Sin embargo, la mayoría de expertos legales, tanto partidarios como críticos del gobierno, habían adelantado que la denuncia de Nisman no tenía sustento legal, ya que solo exponía una presunta intención delictiva pero sin que se hubiera cometido en la práctica ningún delito.

Por su parte, el gobierno –que siempre mantuvo que la acusación de Nisman era «ridícula»- reprodujo la noticia de la decisión de Rafecas a través de sus cuentas en redes sociales.