Manifestación pacífica y seguridad

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su Art. 68 que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. El mismo artículo añade que “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

De acuerdo con lo que establece la Constitución, queda claro que tenemos derecho a manifestar, derecho que se articula con la libertad de expresión, para expresar apoyo, alegría, descontento, o protestar contra aquello que consideremos injusto, siempre y cuando se haga de forma pacífica y respetuosa de la ley. Del mismo artículo se desprenden varias obligaciones para el Estado, que por un lado debe abstenerse de obstaculizar o impedir el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente, y por otro lado está obligado a garantizar la protección de las personas que manifiestan, regulando la actuación de los órganos de seguridad.

En fecha 27 de enero de 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió la resolución No. 008610, estableciendo las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. La FANB es un órgano de seguridad del Estado, pero sus funciones son de tipo militar, y no debería asumir labores de control del orden público como es el caso de las manifestaciones, pues estas actividades corresponden a los órganos policiales; sólo excepcionalmente pueden cumplir ese tipo de funciones cuando se rebase la capacidad de actuación de la policía.

La resolución es confusa pues autoriza a los funcionarios y funcionarias de la FANB a usar la fuerza potencialmente mortal, pero también señala que los “No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas a menos que… sea necesario su porte y uso”. La resolución oscurece los criterios de actuación en cuanto al uso progresivo y diferenciado de la fuerza que desde el año 2011 rige la actuación de los cuerpos policiales.

Es imprescindible el cumplimiento de los estándares internacionales en cuanto al uso progresivo y diferenciado de la fuerza, que deja como última opción el uso de la fuerza letal, siempre que se siga criterios como la proporcionalidad y la necesidad, en situaciones en que sea el único medio para proteger la vida.

El derecho a manifestar es fundamental para la construcción de sociedades justas y democráticas, pues fomenta el debate y el intercambio de ideas y constituye una vía legítima para captar la atención de las autoridades sobre los temas de su competencia. Históricamente, la sociedad civil ha tomado las calles para denunciar injusticias y exigir los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, así que debemos continuar exigiendo el derecho a manifestar en condiciones de seguridad, esperando que los órganos de seguridad actúen para proteger la vida de todas y todos.

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