ONG reconoce esfuerzo del Gobierno nacional para proteger los derechos de las personas con VIH

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Francisco Martínez, responsable de la asistencia legal de la organización no gubernamental (ONG) Acción Solidaria, reconoció este jueves el esfuerzo y voluntad política del Gobierno nacional para proteger a las personas con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y Sida (Síndrome de Inmunodeficiencias Adquirida). Hizo mención de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH, que entró en vigencia a finales de 2014.

En una entrevista concedida al canal Globovisión, se refirió a la importancia de este instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional el 14 de agosto del año 2014.

Subrayó que al establecerse un procedimiento para la reivindicación del derecho y sanciones para quienes cometan prácticas discriminatorias, “como realizar pruebas de sangre pre empleo a las personas como requisito antes de ingresar, de alguna manera va a generar sentencias firmes, jurisprudencia que sentarán precedentes hacia adelante”.

Martínez señaló que la discriminación se presenta en la mayoría de los casos por la falta de conocimiento con respecto al VIH/Sida, por lo que hizo especial énfasis en la necesidad de formar a la ciudadanía, a profesionales en distintas áreas, así como a las instituciones del Estado para superar tabúes y estigmas que aún persisten al respecto.

La ley también obliga a los medios de comunicación social a promover permanentemente el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con VIH y sus familiares. En este sentido, Martínez puntualizó: “Esperamos contar ahora con los medios de comunicación como un aliado más formal en la formación con respecto al VIH/Sida”.

La legislación, que consta de 7 capítulos y 41 artículos, es inédita en la historia del país al condenar expresamente cualquier forma de discriminación contra esta población vulnerable, promover su derecho a un trato humano, así como el respeto que merece su dignidad, especialmente en las relaciones personales, en el acceso y en la atención de los servicios públicos y privados.

“Es importante que estas personas se empoderen de las herramientas necesarias para reivindicar el contenido de esta ley. El Estado sólo no va a hacerlo todo”, señaló Martínez.

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