856 personas imputadas por fraude con cupo viajero

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Caracas- Un total de 856 personas han sido imputadas por el Ministerio Público (MP) por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Estos ciudadanos, conocidos como «raspacupos», representan un fraude al país que suma ocho millones de dólares, indicó la fiscal en entrevista en el programa Diálogo Con, transmitido este domingo por la televisora privada Televén.
Señaló que 656 individuos han sido acusados formalmente, 291 están condenados por admitir los hechos y 11 de ellos han recibido la condena en juicio oral y público.

A mediados de abril, el Gobierno trasladó solo a la banca pública la autorización de divisas para viajes al exterior y ajustó los montos por destino, con la visión de garantizar el uso óptimo de estos recursos, que en Venezuela provienen mayoritariamente de la exportación petrolera.

GARCÍA PLAZA

La fiscal general también informó que el MP solicitó orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo Hébert García Plaza, por su presunta responsabilidad en la compra irregular de embarcaciones en España.

Cuando «el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho punible, y más ante un caso de corrupción, inmediatamente actuamos. Quiero decirte que desde la institución para este año tenemos un plan en contra de la corrupción (…) Concretamente con este caso de los ferrys, nosotros solicitamos privativas de libertad contra siete exfuncionarios, entre ellos, el exministro García Plaza».

Indicó que están detenidos cuatro directivos de la empresa estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), adscrita al Ministerio, por su presunta responsabilidad en la compra irregular.

Apuntó Ortega que faltan tres órdenes de aprehensión por materializar, y entre ellas se encuentra la del exministro, de quien dijo: «Presumimos, yo no tengo la seguridad de que es así, pero hay una presunción de que se fue del país».
Explicó que de encontrarse fuera del territorio nacional, los fiscales del caso evaluarán la solicitud para la incorporación del caso en el código rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Si precisan dónde se encuentra, pueden requerir la extradición.

NO A GONZÁLEZ Y TOLEDO
La fiscal general Luisa Ortega Díaz puntualizó que es «improponible» que los expresidentes de España y Perú, Felipe González y Alejandro Toledo, respectivamente, pretendan ejercer en Venezuela, en condición de «consultores técnicos», funciones jurídicas en defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma, acusados por conspiración.

Explicó que de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, los consultores técnicos son figuras jurídicas referidas a «aquellas personas que con su oficio colaboran, por ejemplo, en observar una experticia, y los expresidentes no reúnen los requisitos exigidos ni por la ley del ejercicio de las profesiones en Venezuela, y mucho menos las exigidas por el COPP».