Afectados por estafa en Riberas del Caroní denuncian atropellos

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Las más de 40 familias afectadas por el caso de estafa acaecido desde el año 2007, en el conjunto residencial Riberas del Caroní, denunciaron este jueves los atropellos que vienen padeciendo por parte de entes judiciales, aunado a la desidia de los entes de Gobierno que no han solucionado la situación legal y de habitabilidad de las familias que allí conviven desde hace ocho años.

Clinia Cordero, habitante de este conjunto residencial, quien ocupara un apartamento en el año 2007, producto de la estafa en la cual incurriera el consorcio Riberas del Caroní, formado entre la Constructora Sixto Núñez y el Instituto de Obras del estado Bolívar (Invibolívar), hoy Inviobras, denunció que de «la noche a la mañana apareció una supuesta dueña del apartamento que ella habita con un documento registrado del año 2013, hecho que se considera irregular, por cuanto el conjunto no posee permiso de habitabilidad».

Esta situación particular ha generado estupor y rechazo por parte de la comunidad del Conjunto Riberas del Caroní, específicamente de los habitantes de los edificios Kurum, por cuanto «muchos de los vecinos han acudido al registro público a tratar de registrar sus documentos de propiedad, no se les ha permitido, ya que el argumento es que no contamos con el permiso de habitabilidad», indicó Cordero.

Aunado a ello, Cordero ha sido expuesta a un juicio en el cual es señalada de «invasora» calificativo que la comunidad rechaza categóricamente, pues todos quienes establecieron una relación con el Consorcio Riberas del Caroní se consideran víctimas de estafa, por lo que la comunidad exige al gobernador Francisco Rangel Gómez y al presidente de Inviobras, Héctor Herrera Jiménez, a dar respuesta a la problemática que genera incertidumbre y que expone a madres trabajadoras y sostén de hogar, como es el caso de Clinia Cordero, quien quedó desprotegida y sin un techo.

El caso Riberas del Caroní involucra a más de 200 familias que adquirieron apartamentos al consorcio antes señalado a partir del año 2002, los que no fueron construidos en su totalidad ni entregados.

Ante este hecho que ha sido público, comunicacional y notorio, que afecta a un colectivo, «no pueden prevalecer intereses particulares, por lo que hacemos un llamado al Ministerio Público, a la Gobernación del estado Bolívar y a Inviobras a dar verdadera solución, sin generar más conflictos o problemas adicionales».