Alcaldía cambia arbitrariamente zonificación en Villa Granada

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¿Ha escuchado la frase «incoherencia en la gestión pública» en los últimos tiempos? Quizás, mucho, ¿cierto? Pues, este ha sido el pan de cada día entre los ciudadanos que deben confrontar las penurias de la calle con el discurso político; esa contradicción entre el «buen vivir» o «vivir bien» que pregonan los gobernantes, con la burocracia inacabable, el matraqueo de los funcionarios, las colas para comprar comida y el pésimo funcionamiento de los servicios públicos.

En Villa Granada se está dando una muestra de esa incongruencia. De la noche a la mañana, en menos de tres meses, la Cámara Municipal de Caroní cambió de R3 (de baja densidad) a R7 (de alta densidad) una zona residencial.

Y hace una semana inició el movimiento de tierras para la construcción de un edificio de 11 pisos en la parcela UD-208-13-04, donde solo podrían construirse viviendas unifamiliares. Esto causó daños a las viviendas alrededor, resquebrajamiento de las estructuras, específicamente, por el terreno areno-arcilloso que aseguran no soportará el peso de un edificio de tal magnitud. Los vecinos y el consejo comunal de Villa Granada se han unido para evitar que los trabajos continúen.

 

Los hechos
Juan Pablo Giliberti, presidente del Consejo Comunal de Villa Granada, encabezó una rueda de prensa junto a los vecinos y miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela, seccional Ciudad Guayana.

Pancartas en manos, el grupo denunció la arbitrariedad, la ilegalidad, de la Alcaldía de Caroní, por haber cambiado la zonificación sin consulta y sin estudio de suelo, pasando además sobre la ley que obliga a esperar hasta 10 años para analizar estos casos que modifican el urbanismo.

«No nos oponemos a que construyan viviendas unifamiliares. Pero lo que han hecho es ilegal. Esperaremos respuesta de la Dirección de Planificación hasta el 15 de octubre, cuando se vencen los 20 días hábiles luego de introducir nuestro alegato. Si no, procederemos por vía de tribunales ordinarios».

Recuerda que en junio de 2014 se introdujo un anteproyecto para cambiar la zonificación, que no fue admitido por no cumplir las variables de porcentajes de ocupación, construcción, carga y densidad poblacional.

No obstante, en septiembre de ese mismo año, la Cámara Municipal aprobó el cambio de zonificación a R7 sin consultar con los ciudadanos, como lo estipula la ley. «Además, al ser privada, la parcela no entra en régimen especial como para optar al cambio de zonificación. Por eso, exigimos que se restituya el orden legal en los procedimientos». Unas 70 familias en nueve conjuntos residenciales han sido afectadas.

 

Líos con cola
Hace pocos meses, la Alcaldía fue designada por la Cámara Municipal como única administradora de los terrenos en la ciudad. De allí devinieron algunos conflictos con CVG y la Gobernación que aún echan candela.

«No es extraño lo que aquí acontece», asevera María Álvarez, secretaria general del CIV en Ciudad Guayana. «El Colegio de Ingenieros acompaña a esta comunidad y a todas las que tienen este conflicto, en el que la arbitrariedad y la ilegalidad son protagonistas. Como gremio pedimos que la Alcaldía respete a la ciudadanía y el orden establecido».

Acusa la lamentable situación en la que se encuentra el municipio, porque «no se han llevado bien, técnicamente, los casos que se necesitan resolver. Hace muchísimos años esta parcela fue R7, pero por el impacto ambiental se cambió a R3 en 2009. Ahora, de la noche a la mañana, vuelve a ser cambiada a R7 sin tomar en cuenta la historia. Lo que importa es el dinero que se mueve en la Alcaldía, sin importar la vida de los ciudadanos».

Hay otros casos a los que el CIV está haciendo seguimiento, como la defensa de la microcuenca del río Caroní en Toro Muerto por el proyecto Villa Orinokia; Villa Alianza, Paratepuy, Villa Ikabarú y Los Mangos.

Por su parte, la urbanista María Nuria de Césaris insiste en que la ciudad posee suficientes terrenos para dar cabida a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero esto no puede estar por encima de la ley ni de la ciudadanía. «Hay una gran incoherencia en la gestión pública», reflexiona esta fiel defensora del binomio armónico entre ciudad y ambiente. «Hay que exigir las penalidades que los concejales deben recibir por haber aprobado ese cambio de zonificación, y nosotros, como gremio, debemos ser guardianes del mejor ejercicio de la ingeniería», aludiendo la responsabilidad ética y moral de los profesionales encargados de ejecutar estas obras.

De Césaris recomendó a los vecinos de Villa Granada introducir un interdicto de obra nueva, que tendrá efecto de inmediato. «Lo importante es detener el movimiento de tierras, y la mejor prueba es que está afectando las estructuras de las viviendas alrededor». Reiteraron el llamado a la contralora municipal, Kheila Veliz, para que actúe y exija la legalidad del acto administrativo de la Cámara Municipal.

Nadie da la cara
Carlos Herrera es el ingeniero y constructor de la obra. Estaba cerca del terreno cuando los vecinos lo encararon para exigir el permiso que lo autorizaba a realizar el movimiento de tierras.

Se limitó a decir que él cumplía con el contrato; que hablaran con el dueño, olvidando que sobre sus hombros también pesa una responsabilidad civil y ética. «Eso es un problema legal» que debían arreglar, espetó. Construcciones y Proyectos Macías es la empresa señalada como la que levantará el edificio.