Aumentan hechos delictivos perpetuados por uniformador

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En las últimas semanas se ha observado un alarmante y preocupante aumento de hechos delictivos en los que se ven implicados uniformados de los distintos cuerpos de seguridad del estado. Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía del Estado Bolívar (PEB), son los organismos que más han registrada bajas en sus filas por este delicado tema que ha mantenido a la colectividad en un total asombro.

ASESINADO EN MANOA

El caso más reciente que tuvo como protagonistas a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se suscitó la mañana de este martes en la urbanización Manoa de San Félix cuando, según testigos, una brigada motorizada de la GNB perpetró el robo y posterior asesinato de Oscar Eloy Palmare Sifontes, de 43 años, cuando se encontraba sacando su vehículo del garaje.

El mismo día, y pocas horas después de haberse cometido este asesinato, llegó al lugar una comisión de la GNB para sacar de la vivienda a los dos testigos presenciales del hecho y llevarlos hasta un puesto de control con la finalidad de que reconocieran a los supuestos asesinos del hombre. Vecinos del sector aprovecharon para denunciar que la semana pasada llegó una patrulla de la GNB y despojó de teléfonos celulares y relojes a unos jóvenes que se encontraban cenando en una de las calles del sector.

DETENIDOS POR ROBO VEHICULAR

La mañana de este martes fueron aprehendidos, y gracias a las denuncias de los habitantes del sector, dos sujetos que acababan de robar un vehículo marca Toyota, modelo Sensación, color azul, placa AFB45C. El hecho de registró en la calle Los Motilones de Manoa, también en San Félix. Por este hecho delictivo quedó aprehendido un adolescente de 17 años y Claudio David Trincado Quijada, de 22. Este último resultó ser un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana adscrito al destacamento 625, 2da compañía en Guri.

ASESINATO EN MINI FINCAS

Funcionarios adscritos a la PEB también se han visto involucrados en diferentes hechos delictivos. Uno de los casos que más ha calado y causado conmoción en la ciudad, fue el asesinato de Carlos Augusto Villalba Malavé, de 23 años, quien fue robado y torturado hasta la muerte por presuntos funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) Unare, el pasado miércoles 10 de junio.

Testigos del hecho relataron que el joven fue detenido en un punto de control colocado en las adyacencias del centro comercial Biblos, de Unare, donde lo bajaron y lo revisaron. A pocos metros fue detenido nuevamente a la altura de la bomba «Las morochas», donde fue golpeado y torturado para llevarlo hasta el sector Mini Fincas, donde recibió dos impactos de bala que acabaron con su vida, uno en el pecho y otro en el abdomen.

Familiares desmintieron rotundamente la versión ofrecida por los efectivos, quienes señalan a Carlos como integrante de una banda delictiva, sin saber que hubo testigos del crimen. Según investigaciones, al joven lo asesinaron por haber denunciado ante el 1-7-1 que estaba siendo extorsionado por funcionarios policiales; el caso será llevado hasta Caracas, donde los organismos competentes deberán actuar para lograr la captura de los criminales.

EXTORSIONADORES

El miércoles 10 de junio el Comando Nacional Antisecuestro (Conas) logró la aprehensión de cinco funcionarios de la PEB por extorsión. Presuntamente, y según las investigaciones realizadas, los policías agarraron a un joven en estado de ebriedad el sábado anterior y aprovecharon para «sembrarle» una cierta cantidad de droga, obligándolo a pagar 100 mil bolívares para poder liberarlo, que consiguió por medio de su papá, quien denunció el hecho ante el GAES de manera inmediata.

Posteriormente se logró la captura de cuatro funcionarios más implicados en este hecho delictivo, para un total de nueve, todos pertenecientes al Centro de Coordinación Policial (CCP) Los Olivos. El lunes 15 de junio dictaron privativa de libertad y fueron enviados al Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica. Por la noche cientos de familiares se apostaron a las afueras de los tribunales para pedir el cambio del centro de reclusión, argumentando que era un lugar sumamente peligroso para ellos.

NO CUALQUIERA PUEDE SER POLICÍA

A ciencia cierta no se sabe el por qué funcionarios adscritos a los diferentes cuerpos de seguridad del estado siguen incurriendo en hechos delictivos. Muchos alegan que no se hace un estudio completo de la persona (conducta y antecedentes) antes de ingresarla a algún organismo del estado.