Crónicas Laborales: Adicionalidad de las prestaciones sociales para los ferromineros

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Vientos de esperanza recorren los espacioa laborales de guayana a raiz de la reciente decisión de la Corte Primera en lo Contensioso Administrativo, con sede en Caracas, de trasladar, por asuntos de competencia, a los tribunales laborales de Puerto Ordaz, el reclamo que, en el ámbito judicial, desde el 6 de diciembre del 2002, los trabajadores de Ferrominera Orinoco tienen planteado en procura que, se les reconozca, el hasta ahora burlado derecho de disfrutar el pago adicional, en un 100% de sus prestaciones sociales.

El derecho al pago adicional de las prestaciones sociales de los ferromineros, es un beneficio contenido en su convención colectiva y que, sin razón legal alguna, les fue arrebatada a éstos en la convención colectiva homologada, el 6 de junio del 2002, por la Inspectoría del Trabajo «alfredo Maneiro» de Puerto Ordaz.

Ya nos acercamos a los trece años de la impugnación de la ilegalidad manifiesta que, significa, para el derecho constitucional laboral la eliminación de un derecho tan vital para los trabajadores como el comentado.

De cara a la legalidad vigente en el país, cuando los tribunales laborales confronten ese inaudito hecho, con los principios constitucionales que, otorgan, en los asuntos laborales, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, ese vergonzoso acuerdo homologado por la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz, debe rodar hacia el fondo de las inexistencias.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, obliga a los jueces venezolanos, a la hora de juzgar en su nombre que, éstos, en sus decisiones, deben hacer prevalecer las normas y principios que habitan en ese texto cabeza del sistema jurídico nacional.

Pues la «constitución es la norma suprema y el fundamento del ordanamiento jurídico del país.».

Y, «todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución», dice el artículo 334.

Con ese bastimento ideo conceptual, cuando los jueces laborales de Puerto Ordaz o, siendo más preciso, al juez/a que le corresponda decidir en los próximos días ese estelar reclamo de los feromineros, y si se apega a la ley (como debe ser), dará motivos a esos trabajadores y, a sus familiares, para celebrar.

La fiesta de la justicia laboral, se está vistiendo de ferrominera.

Estamos en los albores de la hora grande!

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, recoge una gama de normas y principios que, en su conjunto, coloca a los trabajadores venezolanos, desde esa esfera constitucional, como los más protegidos del mundo.

No es cualquier cosa que la CRBV, diga que los derechos laborales son irrenunciables y, que, son, además, derechos adquiridos.

En esa visión, «ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales laborales».

Si alguna autoridad pública o privada (o una combinación de ellas) por ignorancia, prejuicio, presión, mala fe o cualquier otro motivo, efectán actos, acuerdos o convenio que implique renuncia o menscabe los derechos y beneficios laborales, los mismos se deben considerar absolutamente nulos.

Expresa la CRBV, que, en su carácter protector y garantista, el estado venezolano garantiza, a todo persona o grupo de ellas, conforme el principio de progresividad, el goce y el ejercicio irrenuciable de sus derechos.

El Juez laboral, resumo el comentario, al conocer el caso de los ferromineros del cual venimos hablando, con base a los principios y normas constitucionales, dichas, está en la obligada condición de declarar la nulidad de las cláusulas de convención colectiva que, en el año 2002, eliminaron la adicionalidad de las prestaciones sociales de los trabajadores de Ferrominera Orinoco.

Los tribunales venezolanos que, hasta ahora, y en unos largos trece años, han esquivado analizar y, decidir, si era legal o no que, a los ferromineros, se les quitara el derecho a la adicionalidad de sus prestaciones sociales, les llegó la hora de la verdad.

Llegó la hora en mono no carga a su hijo.

Vamos a decirnos las verdades, las bárbaras terribles.

Soplan tiempos buenos.