Diputados de allá y no de aquí

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El inicio del proceso de postulaciones para las elecciones parlamentarias ha colocado en el tapete, nuevamente, el problema del requisito de residencia exigido para quienes pretenden ser diputados. Por ejemplo: alguien que reside notoriamente en la capital de la República, pero se postula como candidato en otra región como, digamos, el estado Cojedes. ¿Es eso posible?

1. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El numeral 3 del Artículo 188 de la Constitución, dentro de las condiciones para ser Diputado de la República, exige que el candidato haya residido «cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección». Ese requisito, como muchas de nuestras disposiciones constitucionales, está inspirado en el constitucionalismo de Estados Unidos de América: cuando los estadounidenses diseñaron su Constitución, tomaron en cuenta diversas desviaciones del parlamentarismo británico, dondeuna desviación muy común consistía en postular candidatos en entidades de las cuales no eran residentes, tratando de «capturar votos». Aquello constituía un fraude al principio de representación por una razón muy sencilla: mal puede representar a una localidad alguien que no reside en ella.

Por lo anterior, el citado numeral 3 del Artículo 188 de la Constitución tiene como propósito evitar un fraude al principio de representación, exigiendo que el candidato sea residente de la entidad que presente representar. Y eso es algo que sólo se logra exigiendo un mínimo de cuatro años de residencia consecutiva para el momento de la postulación.

2. ¿Pero qué dice el Reglamento? El Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales cambió el sentido de la norma que describimos, favoreciendo el fraude al principio de representación. De esta manera, en el numeral 3 de su Artículo 113 se estableció que esos cuatro años de residencia podían cumplirse «en cualquier momento antes de la elección». Es decir: el Reglamento permite que sea candidato alguien que, para el momento de la postulación, no sea residente de la entidad que pretende representar, siempre y cuando en algún momento previo haya residido en esa entidad.

Es decir: el Reglamento permite que una persona que nació y vivió cuatro años en Maracaibo, pero que desde los cinco años ha residido en Porlamar, podría postularse como candidato a Diputado por el estado Zulia. El tipo de fraude que se quiso evitar, precisamente, cuando se redactó el Artículo 188 de la Constitución.

3. La representación como un principio desvirtuado. Por lo antes visto, podemos concluir que el Reglamento Electoral violó el Artículo 188 de la Constitución al permitir un fraude al principio de representación. Ese fraude se materializó desde el momento en el cual el Reglamento permitió que quien no es residente del estado que pretende representar se postule como Diputado por esa región y sea su representante durante todo un período legislativo.

La regulación electoral existe para prevenir fraudes al principio de representación. No para favorecer tales fraudes, como sucede con la norma comentada del Reglamento electoral.

En el fondo, esto demuestra la sistemática violación al principio de representación a través de conductas fraudulentas que hemos visto en Venezuela. La manipulación de los circuitos electorales, las inhabilitaciones políticas a acordadas por la Contraloría y la manipulación del requisito de residencia de los «representantes» son evidencias del debilitamiento institucional del principio de representación. Algo que puede ser coherente con la propuesta de Estado comunal (que se basa en la negación del principio de representación) pero que, casi sobra decirlo, es violatorio de la Constitución y de los principios fundacionales de nuestra tradición republicana.

@ignandez