En las regiones luchamos por impedir que VP sea ilegalizado

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Cuatro parlamentarios de Sucre, Zulia, Anzoátegui y Aragua, reiteran que se estaría violentando el derecho de la militancia por decisiones de autoridades del partido

Los parlamentarios José Goyo Noriega; Lucila Pacheco; Richard Arteaga y Guillermo Luces, todos activistas de Voluntad Popular buscan impedir que dicho partido sea ilegalizado bajo la acusación de ser una organización terrorista como pide el Fiscal General Tarek William Saab.

Los diputados rechazan categóricamente que su partido Voluntad Popular sea considerado una organización terrorista.

Y por supuesto han asumido la responsabilidad y la lucha a fin de impedir que Voluntad Popular, el partido donde militan, sea ilegalizado.

De allí que acudieron a la sala Penal del TSJ para exhortar al máximo Tribunal penal del país, se pronuncie de forma inmediata a los fines de garantizar q su militancia haga uso del su derecho a postularse y votar por la organización política dónde militan.

Se trata de una Lucha que inicia desde las bases por el rescate de la Organización Política, primero por el secuestro al cual fue sometido por su dirección nacional y ahora del Régimen venezolano que se empeña en ilegalizarlo, afirman.

José Goyo Noriega, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional fue electo por el estado Sucre.

Lucila Pacheco, presidenta de la comisión de Ambiente de la AN fue electa por el estado Zulia mientras Richard Arteaga fue elegido por el estado Anzoátegui y Guillermo Luces por el estado Aragua.

“Estamos solicitando formalmente que Voluntad Popular no sea declarado como una organización terrorista porque se estaría violentando los derechos de libertad de expresión y de libre asociación así como el Debido Proceso”, dijeron.

Estamos en nombre de la militancia y de los simpatizantes en todo el país de Voluntad Popular, accionando ante los organismos competentes para impedir que eso ocurra, advirtieron.

Consideran que las sanciones penales, de ser efectivas, le niegan el derecho político a los militantes de Voluntad Popular, “que nada tienen que ver con acciones ilegales imputadas a  algunos miembros de dicha Directiva, como es el caso del ciudadano Leopoldo López, Juan Gerardo Guaidó, Carlos Vecchio y Emilio Grateron, en forma individual y algunos otros personeros, lo que puede acarrear graves problemas políticos para ellos”.

Consideramos que la conducta desplegada por algunos miembros del Partido Voluntad Popular, que hayan cometido delitos, atentando contra principios democráticos no puede extenderse a la militancia.

Esta conducta, donde se pretende extender la imposición de penas, afecta Derechos Humanos de la militancia toda de Voluntad Popular, implica excluir del derecho y aplicarle sanciones penales por ilícitos cometidos por ciertos miembros del partido Voluntad Popular a todos sus miembros y militancia, reiteran.

Concluyen en que no puede extenderse a toda la militancia y a sus diputados disidentes, menos en forma de sanción colectiva y castigo impidiéndole la participación política en torno a ese ideal que profesan alrededor de Voluntad popular. Nota de prensa