Fracaso del BTR estancó modernización vial municipal

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La obra que fue inaugurada por el Ejecutivo nacional duró solamente dos meses funcionando. Se invirtió más en publicidad que en la construcción de paradas dignas para los usuarios

Julio Alexander Moya

Jmoya@eldiariodeguayana.com.ve

Fotos: César Flores / Samuel Muñoz

Con una inversión de 278 millones de bolívares, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, anunció la creación del nuevo sistema de Bus de Transporte Rápido (BTR) en Ciudad Guayana, en una actividad con el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman el Troudi, el 17 de abril de 2015, en Puerto Ordaz.

La culminación de la obra arquitectónica vial estaba prevista para mediados de octubre de 2015, sin embargo, se postergó para diciembre. A pesar de los inconvenientes, el presidente Nicolás Maduro inauguró personalmente el sistema de transporte en la parada de El Roble, el 4 de diciembre. “A partir de hoy, este sistema de buses rápidos y modernos se llamará Batalla de San Félix”, expresó en cadena de radio y televisión.

Fue el 4 de febrero de 2016 cuando el mandatario regional, a través de su programa radial “Gobierno al día”, ordenó detener esa “batalla”. “Es una instrucción dada a mi equipo de retirar las paradas del BTR que impiden la fluidez del tráfico en Guayana”, escribió en su cuenta de Twitter.

Informó que serían reubicadas dos de las 19 paradas del BTR ubicadas en la avenida Paseo Caroní, en Puerto Ordaz, debido a instrucciones del equipo de Infraestructura Vial del Instituto de Vivienda, Obras y Servicios del estado Bolívar (Inviobras), en las que aseguraban que las mismas dificultaban la fluidez del tránsito vehicular.

“Lo he dicho en algunas oportunidades, no estuve de acuerdo en lo absoluto con parte de la ejecución de esta obra que no dependía de nosotros. En dos oportunidades solicité una inspección del proyecto en compañía de ministros, vice ministros y representantes de la compañía responsable”, manifestó.

 

REACCIONES COLECTIVAS

Los comentarios de la ciudadanía no se hicieron esperar. Unos alabaron la restructuración de las paradas; otros, reprocharon la “ineficiencia” del Gobierno nacional en concretar obras y proyectos de calidad en un país que “legalmente” debería ser desarrollado y ejemplo a nivel mundial.

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el estado Bolívar, tampoco tardaron en repudiar el anuncio de Rangel. Francisco Sucre escribió: “Increíble la desfachatez e ineptitud de @rangelgomez de montar un BTR a lo loco con fines electorales, y ahora dice que hay que remover las estaciones”. Rachid Yasbeck expresó: “Era tan obvio que las paradas del BTR no podían ir pero Rangel insistió en construirlas y ahora sacarla. ¿Quién paga por eso? Mientras que José Prat reiteró que seguirá trabajando desde la Asamblea Nacional para hacer visibles los problemas de la ciudad con el objetivo de dar soluciones.

Opinan las autoridades

Julio Almeida, autoridad única de transporte y titular de TransBolívar, indicó que el BTR será optimizado para mejorar la fluidez del tráfico y el funcionamiento general. Asimismo, comunicó que iniciará una campaña para que usuarios y conductores se adapten al cambio. “El compromiso es mejorar cada vez más para continuar avanzando en la prestación de un servicio seguro y de altísima calidad a nuestro pueblo”, aseguró.

José Betella, presidente de la Confederación Bolivariana de Transporte, declaró que es necesario que los conductores cumplan con la jornada de capacitación que ofrece TransBolívar. “Es importante que los conductores tomen el curso de capacitación con el propósito de que vayan adaptándose a los cambios venideros del BTR”, añadió.

Santiago Belo, presidente de la Cámara de Transporte del estado Bolívar, explicó que el “cambio repentino” de las 19 rutas del BTR generará “cambios” en la ciudadanía, señalando que, a pesar de las fallas, el sistema de transporte “es el único que soluciona y transporta al 40% de los habitantes”. “El transporte privado opera en un 42%, Tucaroní en 2% y el BTR en 40%. Nosotros como representantes nos tenemos que sentar con las autoridades para hacer un sistema operativo en función de la demanda”, sugirió.

OBRA IMCOMPLETA

Conductores de la ciudad coincidieron en que, de las 19 paradas que estaban en “funcionamiento”, pocas cumplían las normas. Orlando González, comentó que “el servicio es pésimo porque la población, que anteriormente se veía beneficiada, con la eliminación de la misma pasará roncha de ahora en adelante”.

De la misma manera, Héctor Rodríguez, chofer, afirmó que con la demolición de las estaciones y la colocación de puntos esenciales de estacionamiento, el valor “pirata” del pasaje se elevará. “Eso va permitir que los usuarios, que anteriormente pagaban diez bolívares, tengan que dar de 20 a 30 bolívares para poder llegar a sus destinos”.

Igualmente, Anderson Mujica, conductor, expresó que, a pesar de que el servicio “se cumplía”, es posible que la decisión gubernamental afecte la construcción de otras obras viales que resuelvan el problema de transporte en la ciudad. “La información se maneja en silencio, no sabemos qué traen bajo la manga”, espetó.

El anhelo de los guayaneses de poder tener paradas dignas y unidades de transportes óptimas se mantiene intacto. Se espera que el nuevo monto de inversión y ejecución de la obra no sea tan exorbitante como el destinado en publicidad impresa y audiovisual, campañas informativas y adecuaciones que no sirvieron de nada.

“Guerra avisada no mata soldado”

Gremios empresariales, técnicos profesionales y expertos en vialidad alertaron sobre el problema. Damarys Becerra, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) seccional Ciudad Guayana, aseguró que el proyecto de instalación y colocación de las paradas debió realizarse en una vía expresa exclusiva para este tipo de autobuses.

“En este país no se toman en cuenta a los verdaderos profesionales, trayendo como consecuencias pérdidas millonarias. Nosotros (el colegio) sabíamos que la reducción de tres canales a dos iba a traer consecuencias muy graves, y aunque lo alertamos, hicieron caso omiso. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? La población paga sus impuestos, y ese dinero debería ser invertido en mejoras para la ciudad”, explicó.