“Guerra económica” alimentaria? o burocratismo ineficiente (I)

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La expresión «guerra económica» es nativa de Venezuela, posiblemente creada en un laboratorio situacional y divulgada originalmente por el Presidente a finales del 2013 como una autodefensa implícita frente al fracaso y ralentización (disminución de la velocidad de crecimiento) de nuestra economía, lo cual se venía observando en los últimos años cobrando mayor resonancia con la caída del precio petrolero en 2014 abonada ante la ausencia de un sistema económico y su correspondiente modelo y de al menos un plan anticiclico. En tal contexto de «guerra», se intenta desviar la culpa (externalidad) hacia el capitalismo, EEUU, Colombia, Obama, Uribe, «la burguesía apátrida», empresarios, comerciantes, gerentes de establecimientos, el «golpismo opositor de extrema derecha» y muchos otros; en una evidente manipulación dirigida a sus potenciales electores mayoritariamente ubicados en los estratos de menor capacidad cognitiva, igualmente receptores de transferencias directas de dinero por intermedio de las Misiones. De igual forma, se configura un plan de ataque conformado por la GNB, poder popular, consejos comunales y patriotas cooperantes para enfrentar la «guerra» que impide la distribución de alimentos (¿?) y otros bienes con el fin de provocar escasez (¡!); enfrentando dentro del proceso productivo lo atinente a la fiscalización, vigilancia, seguimiento, supervisión, importación, almacenamiento y acopio, canales de distribución y la comercialización, en aras de (señalan) detectar las formas más sensibles de la «confrontación bélica» como son el contrabando, boicot, especulación, acaparamiento y la usura; hasta confiscar las instalaciones para convertir dicha acción en otra estrategia gubernamental para distraer la atención ciudadana de las verdaderas causas del drama económico.
Es pertinente destacar, que estas y muchas otras formas de control y supervisión se vienen aplicando en Venezuela desde hace más de 7 años, de lo cual se infiere que estamos en presencia de un relanzamiento mediático ya que el Gobierno desde esa época está en capacidad de conocer al detalle lo relacionado con la distribución de los bienes. Veamos: El Ejecutivo Nacional creó en el año 2008 el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) para controlar la distribución de los rubros para cada región del país, y en 2012 la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos la cual es expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, siendo obligatoria para el movimiento territorial de cada alimento con una vigencia de hasta 7 días, 4 para la movilización del producto y 3 para que la empresa destino cargue en el SICA la recepción del bien; todo bajo la coordinación de la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos (SADA), sustituida en 2014 al crearse la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) ente que determina y controla qué y cuánta cantidad se debe consumir por persona y zona (¿patrón obligatorio de consumo?), a la luz de la información histórica suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).