Intentar reponer inventarios no puede catalogarse de delito

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Caracas.- El primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, cuestionó el hecho de que el Gobierno califique como “delito cambiario” la reposición de inventarios de productos de primera necesidad al precio de referencia del dólar paralelo.


“Para nadie es un secreto que en Venezuela el control de las divisas las tiene el Estado, por el control de cambio, y para obtenerlas debemos solicitarlas al Estado, que si no las otorga no se puede negociar con el mundo”, dijo el directivo gremial.

Riera informó que las expectativas para el abastecimiento van de la mano con la llegada de la mitad de los nuevos contenedores. “Se están contabilizando seis mil desde lo que va del mes de septiembre y lo que va de octubre, llegando por importación pública; más 16 mil del año pasado y a esto le contamos la caída de la producción nacional, que mermará en el consumo”.

Advirtió que si no se atienden las causas de los problemas, seguirán las distorsiones en la economía nacional. “Si no permiten tener inventarios y siguen siendo confundidos con acaparamiento; si no se puede vender y se aprueban medidas que aumentan los gastos y costos, se está haciendo inviable la generación de negocios en Venezuela”.

“Para lograr solventar esta coyuntura, es determinante construir a Venezuela en interdependencia entre el sector público y el sector privado”, agregó.

 

No resuelve nada
El máximo gremio de los empresarios privados criticó este miércoles el anuncio de una nueva ola de fiscalizaciones a los comercios debido al regreso del Precio Máximo de Venta al Público, que fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro el martes en la noche en su programa televisivo.

“La verdadera raíz de las dificultades está en el modelo económico. Querer centralizar y controlar la actividad privada mediante nuevos organismos reguladores, con fiscalizaciones que se han utilizado más como amenazas que como verificaciones efectivas del cumplimiento de la norma, con un discurso y con acciones hostiles y amenazantes, solo se genera incertidumbre y se alejan las inversiones”, aseguró Fedecámaras en un comunicado público.

Los empresarios privados recordaron, una vez más, que el sector industrial y comercial que no pertenece a las redes públicas es parte esencial de la solución para levantar la producción nacional que se estima desacelerada y en caída, a pesar de que el Banco Central de Venezuela (BCV) lleva nueve meses completos sin publicar las cifras del Producto Interno Bruto.

“Es necesario hacer cambios sustantivos en los esquemas de intervención de las actividades productivas. Es necesario recuperar la confianza, apoyar la producción y esto no se logra criminalizando y exponiendo al escarnio público al empresariado venezolano”, apuntó el gremio en su pronunciamiento.

Cuarta reforma
La Ley Orgánica de los Precios Justos que los empresarios privados trataron de vetar con un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, será reformada por cuarta ocasión, a través de la Ley Habilitante como lo expresó el Primer Mandatario.

Hasta ahora solo se conoce que las sanciones para los comercios que inflen los precios aumentarán con la nueva normativa porque se harán en función de su ingreso neto y no sobre un número de Unidades Tributarias. Igualmente se incrementarán las penas de cárcel para los empresarios que sean juzgados por usura o acaparamiento.