«Juego político» provoca privativa de libertad para el alcalde José Ramón López

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«¡Aquí está tu gente, José Ramón!» gritaron los afectos al alcalde del municipio Caroní, José Ramón López, a su llegada al Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, al que ingresó a las 2:00 de la tarde para concretar su presentación ante las autoridades, a pocas horas de cumplirse el plazo de 48 horas que establece la ley.

El caso «pica y se extiende». La incertidumbre de los simpatizantes aflora las componendas que, en algún momento, hubo entre el mandatario municipal y el regional, Francisco Rangel Gómez: «nos engañaron, nos manipularon, nos llenaron de esperanza, jugaron con nosotros como les dio la gana. Ahora que no vengan a pedir cacao. Esto se lo advertimos a José Ramón y no nos hizo caso. El partido nos defraudó», vociferó una señora, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras esperaba en el portón alguna noticia.

Minutos después de que López saludara y entrara al Tribunal, hizo lo propio Alexandre Andrade, abogado que asiste al gobernante. La diputada Liris Sol Velásquez también intentó pasar, pero los guardias no se lo permitieron. Seguidamente, Andrade salió y pidió hablar «a solas» con la parlamentaria: se ubicaron en una esquina, conversaron unos minutos y se fueron.

Al rato, ambos retornaron al recinto judicial: ella, se detuvo para hablar con los ciudadanos que permanecían en el lugar; él, pasó con dos maletines nuevamente a la sala de control. Se desconoce el contenido de los artículos de mano.

«La decisión no pasa por nosotros, yo seré la comisionada que irá a Caracas a negociar el caso», expresó Velásquez ante el grupo que la rodeó, sin embargo, temprano aseguró que no podía dar declaraciones porque no sabía «nada». En el interín, también llegó la juez anticorrupción que liderará el procedimiento. Andrade no dio detalles de su procedencia, ni la identificó.

«Consecuencia del juego político»
Edra Rondón, mamá de López, reveló su preocupación por no saber el paradero de su hijo, a quien no veía desde este lunes, a la una de tarde, cuando salió del Sebin, en Vista al Sol, en San Félix. Finalmente, le permitieron el ingreso cuando José Ramón pasó al tribunal.

«Ni Rangel ni nadie te va a quitar lo que te pertenece, José Ramón. Tú eres un hombre de pueblo, nuestro amigo, nuestro alcalde trabajador», exclamó Lilia González, apoyada por un grupo de damas.

«Esto no es más que una injusticia, una consecuencia del juego político que hay en el PSUV. Ya estamos cansados de callar. De nosotros nadie se burla», aseguró Manuel Lamas, quien viajó desde El Pao.

«No vamos a votar»
Las denuncias no tardaron, menos la protesta que protagonizaron los partidarios del Alcalde. Tibisay Moreno dijo que «aquí también se tiene que investigar al gobernador Rangel Gómez, él le tapó todo a su hijo, lo de la mafia de las cabillas y el cemento. Qué moral va a tener para mandar a enjuiciar a José Ramón. No vamos a votar si lo meten preso, ese es el único Alcalde que aceptaremos. Lo veremos fuera de la Alcaldía cuando vaya a ocupar la Gobernación, así sí».

Deanny Orozco también habló: «Los luchadores sociales, los consejos comunales y los militantes del PSUV estamos claritos: si José Ramón no está al frente del comando de campaña, no vamos a votar. Están advertidos».

Asimismo, informaron que durante la mañana de este martes Eriberto Aguilera se encontraban en la Alcaldía con un grupo de funcionarios del Sebin, situación que causó confusión y suspicacia.

López debe juzgarse en su municipio
Por otro lado, la concejal Betania Marchán explicó que, según la Ley del Poder Público Municipal, el Alcalde debe juzgarse en su municipio y que goza de inmunidad, derecho que está siendo violado, según la funcionaria. «Aquí hay una situación anárquica, para nosotros esto es un golpe de estado y presumimos que se está cocinando algo peor».

Citó el artículo 87 de la mencionada normativa, y comunicó que José Ramón López, al momento de retomar sus funciones, dejó por escrito que «la única que ocuparía su lugar sería Gregoria González», coordinadora general de la Alcaldía de Caroní, hasta tanto se aclare su situación legal y tengan que proceder de otra manera.

Entre tanto, los ciudadanos que respaldan la gestión del personaje oficialista que, desde hoy, rendirá cuentas ante la justicia, exigieron claridad en el caso de López, así como respeto al artículo 51 de la Constitución que establece el derecho a la información, pues desconocen «lo que realmente hay detrás de todo esto».

Apenas López terminó la audiencia, salió esposado y custodiado por efectivos de seguridad. Apoyado en el megáfono, Andrade exclamó que el «alcalde «es un preso político», alegando que las acusaciones carecen de validez. La noticia no cayó bien: los presentes se alebrestaron tanto que provocaron la intervención de la GNB, cuyos efectivos lanzaron disparos al aire para dispersar la concentración.

Para hoy se espera el pronunciamiento de los abogados defensores y los detalles de las acciones posteriores al dictamen del Ministerio Público, además del lugar donde permanecerá el ciudadano mientras se compruebe o desmienta su culpabilidad.

 

¿Quién estaba en la camioneta?
Hermetismo, misterio y prudencia. ¿Qué tienen en común estas palabras? Que las tres caracterizan el caso de José Ramón López. Ningún vocero, llámese abogado o familiar, dice nada concreto; lo trasladan de un lugar a otro, sin dar explicaciones, tampoco revelan donde permanecerá o si salió o saldrá de la ciudad; y lo bajan de los vehículos en cuestiones de segundos para que no lo vean. Así transcurre esto.

Este miércoles una acción despertó sospechas: una camioneta del Sebin se estacionó en el Palacio de Justicia; justo después que el mandatario entró. El chofer se bajó, solo él. Nadie más bajó. En el vidrio trasero izquierdo colocaron una toalla azul oscuro, así como para que no identificaran a los que ocupan los asientos. ¿Quién estaba ahí?