La paradoja del impeachment en Brasil: los acusadores también están acusados

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Uno por uno, los legisladores brasileños desfilan por la televisión nacional con los rostros encendidos de indignación y la voz agitada clamando por el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff o denunciando un «golpe» contra la democracia.

¿El problema con esta afectada escena que no deja de repetirse este fin de semana en Brasil? El sorprendente número de legisladores acusados de delitos.

En la muchas veces surrealista política brasileña, el aspecto más llamativo -e ignorado- es que gran cantidad de los políticos que piden la cabeza de Rousseff o la defienden como una mártir deberían estar en una situación tan complicada como la presidenta, o incluso peor.

La mandataria enfrenta un proceso de impeachment bajo la acusación de haber maquillado las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección. Ella no lo niega, pero alega que gobiernos anteriores y autoridades regionales y locales utilizaron esos mismos mecanismos hasta 2015.

«Quieren condenar a una inocente y salvan a corruptos», afirmó Rousseff este sábado en el diario Folha de Sao Paulo.

Dilma Rousseff y sus partidarios apuntan en primer lugar al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, arquitecto del proceso que podría derivar en su destitución.

Este legislador evangélico de Biblia en mano se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de la corte suprema por haber recibido, según la acusación, al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras. Supuestamente, ocultó el dinero en Suiza.

Las acusaciones, sin embargo, no le han movido de la silla. Cunha niega todos los cargos y continúa ejerciendo un enorme poder, mientras se defiende en el Comité de Ética de la cámara por haber mentido presuntamente sobre sus cuentas en el extranjero.

El domingo, supervisará la crucial votación que decidirá en la Cámara de Diputados si el proceso de impeachment sigue hacia el Senado o queda archivado.

En tanto, Michel Temer -el vicepresidente que abandonó a Rousseff y la sustituiría hasta 2018 en caso de que fuera destituida- está bajo sospecha de haber participado en transacciones ilegales de etanol.