Las inhabilitaciones son inconstitucionales

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Como medidas en contra de las disposiciones establecidas por la Carta Magna, además de arbitrarias y desmesuradas, calificó Jesús María Casal, experto en Derecho Constitucional, las inhabilitaciones que adoptó la Contraloría General de la República en perjuicio de Daniel Ceballos, María Corina Machado, Enzo Scarano y Pablo Pérez, dirigentes de la Unidad Democrática.

«Son decisiones inconstitucionales pues solamente un juez penal, mediante una sentencia firme, puede imponer una inhabilitación. Eso se desprende del artículo 42 de la Constitución. La medida que anunció el contralor es un acto administrativo, no una sentencia, toda vez que dicho funcionario no es una autoridad judicial», manifestó el conocido abogado.

Casal, quien ejerce la docencia en la Universidad Católica Andrés Bello, recordó que Venezuela ya ha sido condenada al pretender imponer inhabilitaciones.

«Por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Leopoldo López contra el Estado venezolano, se declaró, repito, que la inhabilitación solo procede cuando hay una sentencia firme», dijo, agregando que, además, el procedimiento de la Contraloría es contrario al debido proceso, al no respetar las oportunidades para la defensa.

«En estos casos concretos se percibe una clara desmesura, con medidas desproporcionadas. Por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, en la información sobre el beneficio del bono de alimentación y algún otro beneficio que haya podido recibir, esa información está al alcance del Estado, del propio órgano para el cual trabajaba – la Asamblea Nacional -; es decir, que no hay ocultamiento alguno, no hay ninguna mala fe. Sería, a lo sumo, en relación a algún dato, una omisión puramente formal que no daría lugar a una inhabilitación», indicó el experto.

En lo que corresponde a Scarano, argumenta que por encontrarse preso, eso, simplemente, puede implicar que haya demorado la presentación de su declaración.

Cuando lo político suplanta a lo jurídico
Casal enfatiza que las inhabilitaciones representan sanciones gravísimas. «Generalmente, se ha entendido que las inhabilitaciones son inconstitucionales, pero, cuando se han aplicado, ha sido porque hubo manejos de fondos públicos y se ha entendido que el manejo no ha sido correcto. En lo que nos ocupa no hay nada de eso», subrayó el constitucionalista.

Para el catedrático de la UCAB, todas las circunstancias que rodean estas sanciones son de tipo político.

«Como no pueden justificarse en Derecho, como desde el punto de vista jurídico no tiene fundamento, entonces, claro, la única razón que uno pudiera encontrar es la política, en el contexto en el cual nos encontramos, a pocas semanas de que comiencen las postulaciones sobre personas que, pues, iban a ocupar candidaturas importantes en las planchas de la MUD».

«La finalidad es que no se puedan postular, crear dificultades al momento de diseñar las candidaturas y, sobre todo, afectar al electorado, porque el electorado es el que no va a poder contar ahora, si es que estas medidas de inhabilitación se mantienen vigentes, con tales opciones al momento de sufragar», puntualiza el declarante.

NI SE RESPETA EL DERECHO DE LOS SUFRAGANTES
Para el especialista se juega con la voluntad de los votantes. «No se respeta la soberanía popular, la posibilidad de los electores de escoger a candidatos de su preferencia, que son ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos desde el punto de vista de la titularidad, pero que, sin embargo, no se les permite ejercer sus garantías políticas porque de nada sirve que la Contraloría indique que a ellos solamente se les impide el desempeño del cargo, porque la realidad es que el Consejo Nacional Electoral, hasta ahora, ha mantenido el criterio de que en estos casos no se les permite postularse».

UN MOTIVO MÁS

«Entonces, yo diría que esto es un motivo más para que la ciudadanía se percate de que si no ejerce sus derechos en forma enérgica, por todos los cauces constitucionales, puede terminar perdiéndolos, puede terminar siendo víctima de una arbitrariedad», concluye el abogado constitucionalista Jesús María Casal, enfatizando que las inhabilitaciones aglutinan una causa para que nos mantengamos alertas y activos de cara a la próxima contienda en las urnas.