Ley de Precios Justos, entre aceptaciones y rechazos

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Tal y como lo anunció el vicepresidente de la República Jorge Arreaza el pasado lunes, entró en vigencia la recién modificada Ley Orgánica de Precios Justos el domingo 8 de noviembre- de acuerdo a Gaceta Extraordinaria Nº 6.202-, que contemplan una serie de sanciones y tipificaciones de nuevos delitos; pero a pesar de esta ordenanza hay quienes sin pudor, siguen vendiendo productos de la cesta básica a precios exorbitantes.

Las redes sociales son una de las vías más comunes y utilizadas por los denominados “bachaqueros”, para ofrecer alimentos, que actualmente no se consiguen con facilidad en los anaqueles.
En Facebook, hay varios grupos conocidos como “Peroleros”, a través de los cuales se observa como una gran cantidad de usuarios acude para negociar artículos de primera necesidad.

“Tengo una paca de leche en polvo, info aquí”, “toallas sanitarias en 300”, así como esto, mayonesa, mantequilla, pañales, detergente en polvo, champú y café, son parte de los productos que encabezan la lista de venta de estos comerciantes virtuales.

BUHONEROS SIN PENA
Pero no solamente los “bachauqueros virtuales” hacen de los suyas jugando con la necesidad de la gente y poniendo altos precios a los artículos, pues los pequeños comerciantes, o vendedores informales también se aprovechan de la situación y hacen “su agosto”.
Durante un recorrido realizado por varias bodegas en Puerto Ordaz, ubicadas entre los sectores de Unare, Core 8 y Gran Sabana, se pudo observar como comercializan un paquete de papel higiénico -4 rollos- en Bs. 500, un kilo de arroz en Bs. 300, detergente para lavar ropa de 900 gr en Bs. 500, y así sucesivamente.

Mientras tanto, en el Mercado de San Félix y el de Unare, al parecer, los vendedores no le temen a la Ley de Precios Justos, pues en el lugar hay quienes además de ofrecer verduras, frutas, o condimentos, también tienen en sus puestos -medio exhibido- su paquete de harina de trigo en Bs. 400, mantequilla en Bs. 400 y hasta leche en polvo por tan solo 1000 mil bolívares.

VENDEDORES Y COMPRADORES
Al preguntarle al ciudadano común si estaba de acuerdo o no con las nuevas regulaciones, algunos aseguraron desconocer las actuales medidas.

María Contreras, quien se encontraba comprando en un conocido establecimiento manifestó “no conozco de las sanciones, pero sé que puedo llamar al 0800-LOJUSTO y poner mi denuncia acerca los elevados costos, lo cual es excelente, porque una comisión puede dirigirse a determinado comercio y bajar los precios”.

Mientras unos afirman desconocer el estatuto, otros se cercioran de cumplirlo, tal es el caso de Bianney González, vendedora, quien reveló que, aunque le ha costado ajustar la venta de sus productos al 30% de ganancia estipulado, ha tenido que hacerlo para evitar ser sancionada. De igual manera manifestó “yo también me he visto afectada, porque en reiteradas oportunidades he comprado artículos muy costosos a mis proveedores, y por ende, tengo que ofrecerlos un poco más caros, para no perder. Pienso la ley aplicarse para todos por igual”.

A diferencia de González, hay comerciantes que no están de acuerdo con las reformas de la Ley, sosteniendo que es ilógico vender un artículo, con el mismo precio que tenía dos años atrás, porque la inflación se ha incrementado. “No pueden colocarte un precio que tenía un producto en el 2013, ahora en el 2015, porque todo aumenta diariamente, además, ellos no saben con qué esfuerzo tu obtienes mercancía, me parece insólito que le pongan precio a tu trabajo”, dijo Soledad Suanaves.

EMPRESARIOS PREOCUPADOS
Por su parte Yorman Hernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, expuso que, desde el punto de vista del sector comercial, se siente una profunda preocupación respecto al tema, ya que, más allá de castigar y hacer restricciones, la Ley no ataca los problemas de fondo. “No hay una propuesta concreta que ataque de raíz la realidad. Hay que producir más, por supuesto, en función de una planificación (…)”, consideró.
El también Director nacional del Consejo Na

cional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), comentó que debido a la falta de mecanismos de asignación de divisas para suplir la oferta, los inventarios se han visto afectados considerablemente, por lo que auguró meses de mayor escasez y sobreprecio.

Por último agregó “esperamos que, pronto, en el marco de un diálogo, el Gobierno y el sector comercio puedan sentarse a discutir y analizar la ley, para lograr acuerdos que contribuyan a resolver esta situación”.
Respecto a este escenario, el pasado martes, la presidenta nacional de Consecomercio, Cripirana Ramos emitió declaraciones a la prensa nacional, solicitando la derogación de Ley de Precios Justos, pues asegura que este nuevo reglamento “obliga” al sector comercial a bajar la santamaría.

MARCAJE DE PRECIOS
Es importante mencionar que, aunque la Ley establece normas para la determinación de precios de bienes y servicios, márgenes de ganancia, mecanismos de comercialización y controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios justo; hay quienes siguen vendiendo con sobreprecio, alegando que es “imposible vender a pérdida”, aseguran que deben pagar alquiler del local, sueldos al personal y servicios básicos, entre otras asignaciones.

Algunas sanciones
Multas, cierres u ocupaciones temporales de almacenes, suspensión temporal del Registro Único de personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), “requisito indispensable”, a los fines de poder realizar actividades comerciales en el país; y prisión, son algunas de las sanciones que señala la ordenanza.

Aquella persona natural o jurídica que incurra en acaparamiento, restringiendo la venta o circulación de artículos regulados, serán sancionados con 8 a 10 años de cárcel, además el órgano competente procederá a la ocupación temporal de establecimiento por 180 días.
Quien revenda productos de la canasta básica, a precios superiores a los establecidos por el Estado, podría ir a prisión entre 3 y 5 años. De igual manera tendrá que pagar, dependiendo de la infracción, entre 200 y 10 mil Unidades Tributarias (UT).