Los crímenes y la delincuencia se alimentan de la injusticia social y la corrupción

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Ciudad Guayana.- Ciudad Guayana ocupa el octavo puesto entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, Maturín y Valencia le acompañan entre las primeras diez, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México (CCSPJP) y el Instituto brasileño Igarapé.

Los delitos más comunes en Venezuela eran hurto, atraco y secuestro. Pero ahora el vandalismo y los saqueos tienen en zozobra a la ciudadanía y a los comerciantes.

“Esto forma parte de la anarquía en la que nos han sumido en los últimos años, cuando el crimen y la delincuencia se alimentan cada vez más de la injusticia social y la corrupción”, reflexiona Salam Souki, líder del movimiento Fuerza Empresarial de afiliados de la Cámara de Comercio e Industria de Caroní, CamCaroní.

Cuestiona que el Gobierno no haya asimilado los altos niveles de inseguridad como un problema de salud pública, al traspasar con creces la media de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es de 10, y en el último año se contabilizaron 89 / 100.000.

“Hace rato que no hemos podido generar confianza en la población. Cada vez más estamos presos en nuestras casas. Y necesitamos que haya políticas coherentes con la realidad. Que se castigue la impunidad y se dé ejemplo desde las más altas esferas donde se manifiesta la corrupción”, emplazó el dirigente gremial.

Educación y familia

Para Javier Gil, empresario del ramo de la seguridad con más de 20 años de experiencia, la solución comienza por un acuerdo político que corrija la deuda social que se ha profundizado y ponga freno a la impunidad ante hechos de corrupción moral y estructural.

“Por ejemplo, las zonas mineras son tierra de nadie, ya que los cuerpos antidelictivos no tienen capacidad para controlar la situación y terminan subyugados, arropados, por las condiciones que les rodean. El equipamiento de las policías es deficiente y falta abastecimiento logístico para que las organizaciones que combaten el crimen hagan su trabajo con efectividad”.

Existen dos tipos de delincuencia, la social y la económica. Pero el vandalismo y el saqueo entran en una tipología nueva, la política, en la que vemos a dos bandos en turbas, aunado a la situación social. De allí que los niveles de sensación de seguridad entre la población sean muy bajos, y para subirlos se requiere de un acuerdo sociocultural que viene desde la familia, donde se observan las primeras desviaciones.

Porte de arma

Una de las soluciones que está tramitando el empresariado privado es eliminar la prohibición del porte de armas para personas naturales y jurídicas.

“El empresario y las empresas del área de seguridad están muy bien preparadas. Son especialistas que se han formado en instituciones del gobierno, y asumieron el compromiso de establecer organizaciones privadas para el resguardo de las personas y sus bienes. Y la prohibición del porte legal de armas nos complica porque no podemos enviar a un área crítica al personal desarmado, ya que no tiene cómo enfrentar al hampa”, manifiesta quien fuera comisario de la Disip en otrora, y añade que esta situación disminuye la posibilidad de evitar los delitos, porque la policía ni los vigilantes poseen los recursos.

También revela que las reuniones con el gobierno se quedan en los problemas de inversión pública. “Hasta ahí llegan, a pesar de que el empresario es el más interesado en participar de las soluciones para disminuir considerablemente los índices de criminalidad”.

Javier Gil es, además, ingeniero en electrónica y ha aplicado sus conocimientos científicos al ramo que hoy le ocupa como otra de las propuestas que ha hecho al Estado.

“La tecnología es el futuro. Es una forma de ser proactivo con la prevención electrónica”, atina.