Más justicia y cero tortura

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Retomando la prevención de la tortura en Venezuela, debemos recordar que tenemos una ley que sanciona tratos crueles e inhumanos. También que se hacen esfuerzos para que no existan más casos de violencia de derechos humanos. Pero no podemos olvidar que se siguen contabilizando episodios contra la dignidad humana.

El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana expresa que «Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». La Asamblea Nacional aprobó el 22 de julio de 2013 la «Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes». Contamos con un instrumento jurídico que fortalece la lucha contra este flagelo. Sin embargo, existen denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos que demuestran que en Venezuela se sigue torturando, utilizando el miedo, el dolor, para obtener una confesión o mantener el orden.

Esta ley establece en el artículo 10 que el Estado debe indemnizar a las víctimas de estos delitos, a través de la asistencia médica, psicológica y social, hasta su total rehabilitación. El artículo 17 establece una pena de 15 a 28 años de prisión a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones cometan ese delito. En el caso del delito de trato cruel, este instrumento señala que «son actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar, la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico». La pena por este delito es de 13 a 23 años de prisión.

En este sentido, es importante recordar al Estado, a las y los ciudadanos, que existen normativas legales que favorecen la erradicación de la tortura en Venezuela. La denuncia es importante para obtener justicia, reparación y rehabilitación a la víctima de estos delitos. No se puede tapar el sol con un dedo y practicar la negación en tan lamentable situación. La ley fue creada para respetarla e implementarla y sancionar a los responsables de aplicar tortura. El Estado debe tomar acciones y eliminar por completo estas terribles prácticas.

Históricamente estos delitos se denunciaban en el país, pero no existía una ley que sancionaran estos delitos de tortura. Resulta inaceptable que aún se den a conocer testimonios de víctimas a las que al ser detenidas, se les inmovilizan de manera forzada con esposas, les aplican posiciones por largos periodos para mantenerlas inmóvil, les propinan descargas eléctricas, golpizas, con puños o distintas herramientas. Las ahogan, les aplican fármacos que causen efectos en el cuerpo como taquicardia, las priven del sueño por más de 4 días en cuartos blancos.

También es injusto conocer personas que han estado en celdas con temperaturas muy bajas y a las que se les niegan sus alimentos por largos periodos o se les entregan en estados de descomposición. Respetemos la ley y hagamos que se cumpla. ¡No más tortura!

@gabybuada