Un tema fundamental para Venezuela es su justa reclamación del territorio Esequibo frente a Guyana. No es un capricho nacionalista señalar que fue un despojo lo que sufrió el país a resultas del Laudo Arbitral de 1899 que pretendió fijar los límites; ya el canciller Marcos Falcón Briceño expuso en 1962 ante la ONU las pruebas de cómo fue manipulado el arbitraje. Esta última actuación derivó en el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre nuestro país, el Reino Unido y su para entonces colonia, la Guayana Británica, por el que se establece que debe buscarse una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. En la actualidad y desde 1987, se acepta el mecanismo de buenos oficios por parte del Secretario General de la ONU como una vía para solucionar la controversia; pero podría ser otra.
Tradicionalmente nuestra república se opuso a los intentos de Guyana por explotar la denominada Zona en Reclamación, incluso, en el inicio del primer gobierno del presidente Hugo Chávez se siguió esa misma política de Estado, así, se protestaron las concesiones de exploración petrolera en el Atlántico, bloques Pomeroon y Stabroeck, en 1999, y la de instalar una plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales en tierra firme en el 2000. Ante esta actitud, las empresas desistieron de sus trabajos y Guyana no tuvo otra opción que aceptarlo, lo que no significa un cambio en su estrategia: acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), allí tendría más probabilidades de ganar el contencioso al sostener la validez del Laudo, en ese sentido, crea precedentes para alegarlos ante esa instancia.
Sin embargo, se produce un cambio en la política del Estado cuando el presidente Chávez en su histórica visita a Georgetown en 2004 señaló que el asunto del Esequibo sería eliminado de las relaciones entre los dos países y que su gobierno no sería un obstáculo para los proyectos que se adelantaran en el territorio reclamado y que beneficiaran a sus habitantes: el país quedó perplejo y Guyana tomó nota. Tal giro implica un manejo torpe de la reclamación que se explicaría tanto porque Chávez reconfiguró las relaciones con Cuba, que ha tenido como posición histórica el reconocerle a Guyana el Esequibo (declaración de los cancilleres Malmierca y Jackson de 1981), como por su pretensión de convertirse en líder continental buscando respaldo para su proyecto político, incluido el apoyo de los países de la Comunidad del Caribe –Caricom– que incluye a Guyana. El presidente Nicolás Maduro reafirmó a su predecesor en Georgetown en 2013 que el Acuerdo de Ginebra, base legal de la reclamación venezolana, fue un pacto entre el «imperio británico» y un «gobierno adeco» en medio de una campaña de odio y acoso a Guyana.
Por su parte, el gobierno guyanés solicitó la extensión de su plataforma continental de 200 a 350 millas ante la respectiva Comisión de la ONU (aún por resolver) y otorgó concesiones para explorar y explotar recursos naturales, entre ellas el bloque Roraima cuya ubicación se mantuvo secreta, conociéndose luego que se encuentra en la fachada atlántica venezolana frente al delta del río Orinoco. Además, se produjo el comunicado conjunto de los cancilleres de la Caricom expresando que no existe disputa territorial entre Venezuela y Guyana.
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