Oposición: una tela que se descose

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Ayer por la tarde, el Sebin detuvo al alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma y con él se observó a través de los diferentes medios nacionales la respuesta de la oposición venezolana en diferentes puntos del país.

Lilian Tintori, esposa del recluso Leopoldo López, escribió en su cuenta de Twitter «el régimen se lleva a golpes, preso a Antonio Ledezma», aunado a esto se conoció a través de la cónyuge del alcalde que él «se encuentra sereno».

Aunque se desconocen las causas oficiales de la detención, la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría, ha remitido mensajes a través de la red social mencionada anteriormente, que no podría olvidarse que el funcionario «participó en la masacre del Caracazo año 1989»; así como tuiteó que «también en 1992 Ledezma participó en la masacre del retén de Catia donde murieron más de 200 privados de libertad».

Faría destaca que el alcalde Metropolitano fue uno de los firmantes del «Acuerdo Nacional para la transición» el cual develaba planes de un presunto Golpe de Estado que habría sido financiado por Estados Unidos, según declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en Cadena Nacional.

Todo esto sin contar con que Ledezma se encuentra vinculado con las protestas denominadas «La Salida» propiciadas en febrero de 2014, cuyas víctimas se puntualizan en 43 muertos, 800 heridos y más 10 mil millones de dólares en daños a la nación.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE ACUERDO AL ARRESTO Y LA DETENCIÓN
Antonio Ledezma posee, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emanada en el año 1999 por el fallecido presidente Hugo Chávez, una serie de garantías mientras esté encarcelado:

Artículo 44.- La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno.
Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.
La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.
Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.

Artículo 45.- Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley.

Artículo 272.- El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, deberá preferirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.

Con información de Agencias