Ortega Díaz: esto no es un Estado de derecho; es un Estado policial

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En exclusiva para El Comercio de Perú, la fiscal general de la República considera de suma gravedad la subordinación del Poder Judicial ante la lógica policíaca y represiva.

Caracas.- Luisa Ortega Díaz es la mujer del momento en Venezuela. Desde que el 31 de marzo denunció públicamente que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional suponían una ruptura del orden constitucional, cualquier gesto y acción de la fiscal general acapara la atención del país.

Pero por qué una funcionaria que era vista por muchos como una de las guardianas del chavismo decidió marcar distancia.

¿Tiene aspiraciones presidenciales? ¿Teme que se produzca un golpe de Estado o una espiral de violencia aun peor? Estas y otras interrogantes formuladas por El Comercio respondió la funcionaria.

– A más de uno sorprendió su pronunciamiento contra las sentencias que anularon al Parlamento. ¿Qué lo provocó?

Mi rol constitucional me obliga a ser garante de los derechos de los ciudadanos y desde ese mandato he ejercido las acciones que el país conoce. Antes del 31 de marzo, había hecho varios señalamientos.

Por ejemplo, en el 2015 desde el Ministerio Público cuestionamos la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones […]. En el 2016 también manifesté mis observaciones y repudio a las acciones de la OLP [el último plan del Gobierno contra el crimen, donde participan militares] e iniciamos investigaciones por la presunta violación de los derechos fundamentales. Estos hechos son un par de antecedentes, entre muchos otros, que evidencian un proceso progresivo de desmontaje del Estado constitucional en Venezuela. Luego vino el cambio de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo terminó instrumentalizando al Poder Judicial, instancia que en vez de servir para aminorar la conflictividad, la ha potenciado. Así, llegamos a las sentencias 155 y 156 del TSJ, ante las cuales no había otra opción que denunciar la ruptura del orden constitucional.

 

– Hay quienes achacan su actitud a que está molesta por la actuación de los servicios secretos (Sebin), los cuales se niegan a liberar a ciertas personas pese a que jueces han ordenado excarcelarlos y porque han citado a otras para investigarlas sin el conocimiento de su despacho.

Respecto a las actividades irregulares del Sebin, entre las que está irrespetar las órdenes de los tribunales de darle libertad a algunas personas, sorprenden, pero no solamente son sus actuaciones en sí, lo más grave es la subordinación del Poder Judicial ante la lógica policíaca y represiva. El Poder Judicial debe controlar las actuaciones de las fuerzas de seguridad, poner límites al poder policial y militar, no lo contrario. Acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de derecho, es un Estado policial.

 

– ¿Estamos en una dictadura? Visto su afirmación de que este es un Estado policial y de que la ruptura del orden constitucional sigue y que solo fue ‘maquillada’ por el TSJ.

El TSJ trató de enmendar esas sentencias que cuestioné con unas aclaratorias que son dignas de estudio para las escuelas de derecho, como ejemplo de lo que no se debe hacer. Nuestra Constitución consagra todo un entramado de pesos y contrapesos entre los poderes públicos que garantizan los derechos de los ciudadanos […]. Todo este modelo constitucional es aniquilado, desconocido, violentado con las sentencias del TSJ contra la Asamblea; es por ello que hubo una ruptura del orden constitucional. Con el transcurrir de los días, el TSJ ha venido desmantelando el Estado de derecho erigiéndose en una especie de corte totalitaria que interpreta y manipula a su antojo y, bajo sus intereses políticos, lo que establece la Carta Magna.

 

– Usted ha cuestionado duramente a la Asamblea Constituyente que impulsa el presidente Maduro. ¿Por qué?

El procedimiento de convocatoria a la Constituyente es totalmente inconstitucional por no haber sido consultada al pueblo […]. Además, el 90% de la población rechaza esta Constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis. Dime de qué forma los venezolanos podrán adquirir medicamentos y alimentos con normalidad con la Constituyente. Parece que la calidad de vida del pueblo no les importa a los gobernantes, pues cuando los escuchas hablar de la Constituyente solo mencionan venganzas, odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del calvario que día tras día sufre el pueblo. El asunto no es cambiar la Constitución actual sino cumplirla. ¿Será por eso que el Gobierno no consulta al pueblo, a través de un referéndum, si quiere o no una Constituyente?

En 1999, el presidente Hugo Chávez lo hizo y allí vemos cuánta diferencia con quienes ahora detentan el poder. De consolidarse la Constituyente, los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana. De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia.

 

– Hay quienes temen que la Constituyente agrave la anomia que hay en el país, porque un sector reconocerá los cambios y otros no, y eso podría abrir las puertas a más violencia. ¿Comparte esa visión?

Sin dudas, imponer la Constituyente es un error y pudiera abrir las puertas a más violencia. No se debe usar una Constituyente para que un sector ‘aniquile’ o ‘arrase’ al resto del país.

 

– ¿Cree que se pueda producir un pronunciamiento militar? ¿Sería necesario?

No estoy de acuerdo con salidas de fuerza de ninguna naturaleza. La salida a la crisis actual debe ser la que está en la Constitución. El país lo que necesita es la sindéresis y la ponderación de todos sus líderes.

Sin embargo, me preocupa enormemente que muchos militares se presten para la violación de derechos humanos y actúen como si la justicia nunca los fuese a tocar […]. Parece haber sectores que están jugando a agudizar la crisis para legitimar una intervención extranjera. Los venezolanos no podemos permitir eso. Debemos rechazar con todo nuestro empeño cualquier acto de fuerza, ya sea por factores internos o impuesto por el capital transnacional.

 

– Desde el chavismo la acusan de traidora y afirman que tiene aspiraciones políticas. ¿Quiere ser presidenta?

Mi única aspiración es defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía. No podemos permitir ningún retroceso en los derechos conquistados. El país y los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso y donde los jóvenes se van a otros países en busca de mejores oportunidades.

 

¿Insania mental?

– En las últimas semanas han pedido destituirla diciendo que no está en sus cabales y hasta un juicio le han abierto por supuestamente mentir. Eso sin contar que usted ha denunciado que a su familia la están amenazando. ¿Teme por su seguridad?

Mi proceder está ajustado a la Constitución y las leyes. No voy a caer en provocaciones de nadie, pero, si me ocurriera algo a mí o a mis familiares, responsabilizo al Gobierno. Adicionalmente, las últimas acciones del TSJ demuestran que, como ya te he señalado, en Venezuela se perdió el Estado de derecho […]. El antejuicio de mérito que decidió en mi contra el TSJ contraría una vez más el orden constitucional y acaba con cualquier mecanismo que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos. No porque sea mi caso, sino que este disparate jurídico abre una situación impensable, y es que cualquier particular pueda querellarse contra el alto funcionario que considere, presidente, ministros, generales, sin pruebas, y esos magistrados deben tramitarlo con celeridad, a espaldas del mismo, tal como lo hacen conmigo.En exclusiva para El Comercio de Perú, la fiscal general de la República considera de suma gravedad la subordinación del Poder Judicial ante la lógica policíaca y represiva

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