Respetan el derecho a manifestar

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Una delegación oficial de Venezuela dijo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el derecho a la manifestación y reunión están garantizados por la Constitución del país y son respetados, aunque señaló que no se trata de un derecho absoluto porque debe ejercerse de forma pacífica, señaló la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Con ese fin llegó a Ginebra una masiva delegación oficial, integrada por una treintena de funcionarios de diversas áreas del Estado, incluidos altos magistrados del Poder Judicial, viceministros, asesores de ministerios y representantes del sistema electoral, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público.

Ortega sostuvo que es en ese contexto que se debe entender «lo ocurrido en Venezuela en 2014», en relación a las manifestaciones ciudadanas que terminaron en situaciones de gran violencia en las que murieron más de 40 personas.

La fiscal describió esos eventos como «una ofensiva violenta» dirigida a «deponer a las autoridades legítimas» y que no tenían «nada que ver con el derecho a manifestar pacíficamente».

También indicó «en Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia».

Precisó que para garantizar este derecho se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física.

Asimismo detalló que se han diseñado políticas como la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, programa en el que confluyen varias instituciones del Estado venezolano para asegurar los derechos de las personas, fomentar una sana convivencia y erradicar la violencia.

Además, a través de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se ha creado el Movimiento por la Paz y la Vida para promover la cultura de la paz y la convivencia en el país.

«El Estado venezolano, además, busca controlar y contener la criminalidad. En los últimos años se ha trabajado para elevar la capacitación técnica y profesional de nuestros policías y, para tal fin, fue creada en 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Cuatro años después de su creación,se promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones para lograr el control de las armas en manos del Estado».

26.518 armas destruidas en 2014

La fiscal general de la República subrayó que de dicha política de control de armas se han desprendido campañas de desarme voluntario, logrando, sólo en 2014, la destrucción de 26.518 armas de fuego.

Igualmente, en Venezuela los cuerpos de seguridad se articulan para identificar y desmantelar bandas delictivas armadas que están desvinculadas con colectivos sociales, estigmatizados con campañas discriminatorias, clasistas y racistas.

Del mismo modo, el país cuenta con una legislación especial que prohíbe la tortura y los tratos crueles, entre ellas, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y la Ley contra la Tortura y los Tratos Crueles.