Rocío San Miguel denuncia violaciones a DD.HH

A través de su cuenta de Twitter, la también abogada denunció que “El Gobierno venezolano mintió a la @CorteIDH

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Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció irregularidades por parte del Gobierno por audiencias pendientes.

A través de su cuenta de Twitter, la también abogada denunció que “El Gobierno venezolano mintió a la @CorteIDH y prometió facilitar nuestro derecho a autenticar testimonios y peritajes y no cumplió”. A pesar de ello, aseguró que estará presente en la audiencia.

Desde la Notaría Octava del municipio Chacao, San Miguel aseguró que han cumplido con todo lo que les ha pedido la CorteIDH, sin embargo, enfatizó que han tenido “todos los obstáculos posibles para que podamos dar fe pública de las declaraciones de nuestros testigos y peritos”.

Aunque el funcionario encargado de atenderla, le prohibió grabar la conversación que sostuvieron luego de leer el documento, la defensora de los Derechos Humanos cuestionó que los empleados de los entes del Estado no estén a la disposición del pueblo. “A usted no le corresponde si estoy o no en la CIDH ¿Qué vamos a hacer entonces?”, le preguntó.

Según detalló, el funcionario despidió a los trabajadores de la Notaría para evitar que se cancelaran los aranceles y se autenticara el documento.

San Miguel criticó que han pasado por tres notarias en Venezuela, y aún así siguen los obstáculos. Ante la petición de la Corte, tuvieron que entregar 19 documentos con más de 168 páginas en total y mencionó que el funcionario encargado los obligó a leer cada una de las páginas.

Informó que a partir de la próxima semana se realizarán cuatro audiencias sobre Perú, Costa Rica y Venezuela. “A pesar de los obstáculo e impedimentos q nos ha puesto el Estado, estaremos el 14F en la audiencia de nuestro caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos“, dijo.

El caso

En ese sentido precisó que el próximo jueves será realizada la audiencia pública contra Venezuela por la supuesta responsabilidad del Estado en la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández como consecuencia de disparos de arma de fuego durante una práctica de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero, en 1998.

De acuerdo con la demanda, Ortiz no recibió atención oportuna al no contar con personal médico especializado ni con una ambulancia que lo trasladara hasta un centro médico.

Para la CIDH, las graves omisiones e irregularidades en la investigación, así como la falta de debida diligencia, constituyeron factores de impunidad que habrían obstaculizado la verdad y la eventual sanción a los responsables.

El martes 14 de febrero, la CIDH verá otra demanda contra Venezuela por el supuesto despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus cargos públicos del Consejo Nacional de Fronteras en el 2004, tras haber firmado una solicitud de convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces gobernante Hugo Chávez.

Según la Comisión, ese proceso político habría tenido lugar en un contexto de polarización “para la Seguridad y la Drefensa el que Chávez” y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones en las cuales reflejaban formas de presión como amenazas, represalias o la acusación de terroristas a quienes firmaran.

Por lo tanto, los despidos fueron un “acto de desviación de poder, ya que la verdadera motivación habría sido sancionarlas por la expresión de su opinión política mediante la firma”, cita la demanda.

Los jueces también llevarán a cabo audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de medidas de reparación por parte de los Estados.

La Corte forma parte de la Organización de Estados Americanos y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.