Sanciones: de la arrogancia a la torpeza

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En julio de 2014 fuimos invitados a la ciudad de Washington a una conferencia sobre las sanciones que algunos sectores políticos en Estados Unidos estaban promoviendo contra funcionarios del gobierno venezolano. En aquella oportunidad expresamos nuestro total desacuerdo y dijimos que el gobierno norteamericano se metería un autogol. Que era una torpeza política y que correspondía a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos pronunciarse sobre la situación en el país.

Sin embargo, la arrogancia con la cual con frecuencia Estados Unidos maneja sus relaciones internacionales erigiéndose como árbitro del mundo por encima incluso de las Naciones Unidas lo condujo finalmente a dar el salto al vacío. El reciente pronunciamiento de Unasur así lo confirma al rechazar de manera contundente las sanciones.

La denominada «Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela» que establece sanciones para funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, es además arbitraria. Las sanciones violan el debido proceso de los acusados; son impuestas por un actor no legítimo para sancionar en la materia; y no contribuyen a solucionar los graves problemas de derechos humanos en el país ya que por el contrario, ayudarán a afianzar el autoritarismo gubernamental y la militarización de la sociedad venezolana.

No hay duda que es necesario investigar y sancionar a aquellos funcionarios involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción que lesionan el patrimonio nacional. Sin embargo, medidas de esta naturaleza, sumadas a la orden ejecutiva dictada este 09 de marzo de 2015 por el presidente Barack Obama en la que se declara al Gobierno de Venezuela como una «extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», además de ser una exagerada calificación de lo que acontece en el país favorecen que el gobierno bajo un discurso lleno de consignas patrióticas profundice su forma autoritaria de gobernar y aplique el paquete económico antipopular que poco a poco implementa. No es de dudar, que en este contexto por ejemplo se aumente la gasolina y algunos artículos de primera necesidad.

Por principios históricos las organizaciones de derechos humanos y los activistas estamos de acuerdo con las sanciones contra violadores de derechos humanos, como un camino para que las víctimas puedan obtener justicia. Pese a ello, no podemos apoyar cualquier sanción impuesta por actores u organismos no legitimados para hacerlo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han promovido la creación de mecanismos de protección como el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales, los Comités y Grupos de Trabajo, las Relatorías especiales y los órganos creados en virtud de los tratados suscritos por los Estados para garantizar la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Cuando la justicia del país mantiene en impunidad las violaciones denunciadas, los afectados acuden al sistema internacional de protección de derechos humanos, desarrollados tras acuerdos internacionales producto de la lucha de los pueblos por su dignidad.

@marinoalvarado
www.derechos.org.ve