Tras 10 meses de crisis en Nicaragua el Gobierno y oposición buscan una salida

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Managua.- Nicaragua, donde este miércoles el presidente Daniel Ortega y la oposición arrancan una nueva ronda de negociaciones en busca de una salida a la grave crisis política y económica, vive desde hace diez meses un movimiento de protesta antigubernamental duramente reprimido que ha causado 325 muertos.

Varios cientos de opositores han sido encarcelados y más de 50.000 nicaragüenses se han exiliado, indicó AFP.

A continuación la cronología de los acontecimientos:

Protesta por la reforma de las jubilaciones
El 18 de abril de 2018, el gobierno presentó un proyecto de reforma de las jubilaciones con un alza de las cotizaciones y una baja de las pensiones, lo que desencadenó manifestaciones, iniciadas por estudiantes y duramente reprimidas.
El 22 se abandonó la reforma. La ola de protestas provocó 25 muertos en cinco días de enfrentamientos y de saqueos.
La cólera se extiende
La cólera popular persiste. El 23 de abril decenas de miles de trabajadores, estudiantes, campesinos y empresarios se manifestaron en Managua contra la represión.
La ONU reclamó una investigación independiente, y lamentó posibles “ejecuciones ilegales”.
El 16 de mayo se abrió un diálogo tenso entre el presidente y la oposición bajo la égida de la Iglesia católica. A falta de un acuerdo sobre una democratización del régimen, el diálogo se suspendió después de una semana, y el 28 de mayo se decidió reanudar las negociaciones.
Amnistía Internacional denunció el recurso a grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.
Llamado a elecciones anticipadas
El 30 de mayo los empresarios tomaron distancia con el presidente.
Tras la muerte de 16 manifestantes, los obispos suspendieron las negociaciones.
El 7 de junio, la Iglesia presentó un plan de democratización con unas elecciones presidenciales anticipadas y reformas constitucionales.
Huelga general
El 11 de junio, las fuerzas de seguridad trataron de desmantelar las barricadas en todo el país y se reanudaron los episodios de violencia.
El 14, una huelga general paralizó Nicaragua con nuevos actos violentos que provocaron más muertes. Otras huelgas le siguieron.
El gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo un día después y autorizaron a observadores de derechos humanos a investigar los actos de violencia.
Universidad y basílica atacadas
El 18 de junio, se suspendió el diálogo de nuevo.
El 23 de junio, aumentó la represión, sobre todo alrededor de la Universidad nacional autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se atrincheraron decenas de estudiantes.
El 7 de julio, el presidente rechazó adelantar las presidenciales, calificando a los opositores de “golpistas”.
El 9 de julio, fuerzas pro-Otega agredieron a prelados católicos en una basílica de Diriamba (suroeste).
El 16 de julio, se adoptó una ley sobre el terrorismo, que prevé hasta 20 años de prisión para los manifestantes.
“Clima de miedo”
El 31 de agosto Managua expulsó a la misión de Naciones Unidas sobre derechos humanos después de un informe que denunciaba un “clima de miedo”.
El 1 de noviembre Washington calificó a Venezuela, Cuba y Nicaragua, de “troika de la tiranía” en América Latina.
El 23 la policía prohibió una manifestación de la oposición por participación en “un intento de golpe de estado”.
Sandinistas al margen de los socialistas
El 19 de diciembre, el gobierno expulsó a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolas de “injerencia”.
El 20 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una ley limitando el acceso de Nicaragua a los préstamos internacionales.
Al día siguiente, la policía hizo suspender la difusión de una cadena de televisión crítica con el poder y arrestó a su director, acusado de “terrorismo”.
El 29 de enero de 2019, la internacional socialista excluyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por violación de los derechos humanos.
Anuncio de negociaciones
El pasado 21 de febrero,Ortega anunció “negociaciones” para el día 27 con la oposición para tratar de poner fin a la crisis política.
El 22 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció la “criminalización” de los opositores y exigió su puesta en libertad antes de cualquier diálogo. El mismo día se suspendieron los procesos de al menos trece opositores.