Un sacudón para los tribunales laborales del país

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Recuerdo que breve tiempo después de haberse aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, muchos destacados e ilusionados venezolanos, asumieron como cierto el postulado constitucional de reconstruir el país, históricamente herido por los bochornos de sus clases dirigentes.

Unos de esos vacíos, inmersos en la sociedad venezolana de esa época, y que parece que fuera hoy, era la vergonzosa manera de administrar la justicia.

En los predios judiciales imperaba la voz y los intereses bastardos de los caporales políticos gobernantes.
De allí que, lógicamente, tuvo tanta acogida el llamado a reconstruir el sistema judicial, bajo el pregón de que en él debía prevalecer la justicia para los débiles, comportándose, en consecuencia, los jueces, a la hora de administrar justicia, bajo la égida de los principios de la imparcialidad, independencia, ponderación y predominio de la verdad sobre las formalidades y apariencias.

Prendido de las emociones que, naturalmente, producen ese cúmulo de palabras bellas, se me acercó uno de los constructores del «nuevo» sistema judicial venezolano y, como quien hiciere una declaración de amor irrechazable, me dice «Gabriel, a sabiendas de tu trayectoria de luchador revolucionario y de tus estudios avanzados en el derecho del trabajo, hemos pensado en designarte como jefe de los tribunales laborales de Guayana».

Acto seguido, y sólo segundos después, le respondí algo así: «gracias por la deferencia, pero no me siento apto para ese cargo o función».
Mirándome como un bicho raro, el jerarca político / judicial me dice «¿y por qué no te sientes apto?».
Simple, le digo. Conceptual y espiritualmente, no soy independiente. Soy una persona parcializada con los trabajadores de Guayana y el país. Y en esas condiciones no puedo ser juez.

Además de la capacitación profesional, una persona, por muy estudiada que sea, para ser juez necesita, como bastimento, el ser independiente.

En el cometido de «dar a cada uno lo suyo», el juez, en lo personal debe estar desprendido de la mayoría de las miserias humanas y no responder a los dictados de los caporales de la política, finanzas y otras interferencias que, en el ejercicio de sus funciones, lo haga acomodaticio en sus decisiones y, en lo judicial, éticamente injusto.
La justicia y el juez se pierden cuando dejan de ser independientes.

Quienes ejercemos en los predios judiciales laborales de Guayana, sentimos el pavor que, para sus intranquilidades y desdichas, viven los jueces laborales.
Desde el alto gobierno judicial, a ellos se les «instruye» para que no dejen pasar nada que «afecte» en sus decisiones a las empresas del estados y otras instituciones gubernamentales.

No importando si los trabajadores u otros reclamantes tienen o no razón.
Pero, como en la vida, todo se mide y evalúa por sus resultados, para desilusión de los encantados e iníciales, promotores en el país de la justicia laboral, lo que hoy tenemos por tal, y salvo sus excepciones, claro, es una verdadera falacia.
El sistema judicial laboral que tenemos no le sirve al país ni a sus trabajadores.
La política, en estos escenarios, todo lo corroyó.
Hay que sacar a la política y sus caporales de los tribunales laborales.
Hoy los jueces no se atreven a decidir de acuerdo a su conciencia y saberes, los casos que deben atender, por temor a que sus decisiones pueden disgustar a los caporales, aunque éstas sean conceptualmente correctas.

Si lo que el juez decide, contradice las «instrucciones» de los caporales, eso se puede pagar con destituciones o, peor, la cárcel.
Aquí, al igual que otras instituciones, hace falta un sacudón que no deje piedras sobre piedras.
¡A incendiar la basura!