El año 2015 debe ser un tiempo para el diálogo y la comprensión de los venezolanos. Es la única manera que tenemos para enfrentar con éxito una de las más graves crisis nacionales de nuestra historia. Hace algunos meses se inició un proceso de negociación entre el gobierno nacional y la oposición política, con la presencia del Nuncio de su Santidad y los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, que terminó en un doloroso fracaso. No creo que sea el momento para determinar las causas y las responsabilidades por las cuales este proceso de negociación no logró consolidarse. Hacerlo, sería perder el tiempo. Lo que si se requiere es crear unas nuevas condiciones políticas que permitan enfrentar la actual crisis económica que vive Venezuela y orientar en paz las elecciones parlamentarias de diciembre de este año. Aquí, si no tengo dudas. El único responsable de conducir ese esfuerzo es Nicolás Maduro. Si lo hace, Venezuela tendrá destino. Si no, el enfrentamiento nacional continuará.
Lamentablemente, ha tenido múltiples oportunidades que no ha aprovechado. Estas comenzaron desde el mismo momento en que se encargó de la presidencia de la República, apenas falleció Hugo Chávez. Era necesario, cumplir a cabalidad la constitución de 1999 en lo referente al procedimiento requerido para conducir las nuevas elecciones. Su decisión de encargarse del poder Ejecutivo, siendo vicepresidente de la República, para ser candidato, fue a mi criterio un reto a la legalidad totalmente innecesario, como también lo fue el ventajismo que utilizó en las elecciones. Hace poco, tuvo de nuevo la posibilidad de recomponer las relaciones políticas de su gobierno durante la designación de los nuevos poderes. Tampoco lo hizo. Ahora, tiene que tomar complejas medidas económicas para enfrentar la crisis. En lugar de buscar un amplio respaldo nacional ha preferido crear la absurda tesis de la Guerra Económica. Nadie le cree. Sin ese respaldo será imposible reorientar la economía nacional.
Una de las posibilidades que más ha desperdiciado el régimen chavista ha sido encontrarle una solución justa al grave problema de los presos y de los exiliados políticos. Juan Martín Echeverría, en octubre del 2012, recordó, en un trascendente artículo, como en Venezuela los nuevos gobiernos utilizaban permanentemente la Ley de Amnistía General o el indulto de los opositores encarcelados o exiliados para modificar las circunstancias políticas nacionales. Sus ejemplos fueron terminantes: Simón Bolívar, con los comprometidos en la Cosiata; Carlos Soublette, con los alzados en la Revolución de las Reformas; Cipriano Castro, en medio del bloqueo; Eleazar López Contreras, a la muerte del dictador; Rafael Caldera, en su primer gobierno, con su política de pacificación que permitió reincorporar a la normalidad cívica a quienes se habían levantado en armas y en su segundo gobierno al sobreseer la causa de los alzados contra la democracia el 4 de Febrero y el 27 de Noviembre de 1992.
Me decidí a escribir sobre este tema, ante el impacto emocional que me produjo conversar en el exterior con mis amigos Irene y Fernando Gerbasi, quienes, con una dignidad admirable, enfrentan un doloroso e inexplicable exilio. El proceso judicial que se le sigue es injustificado. Acusar a Fernando de conspirador no tiene pies ni cabeza. Esa es la verdad.
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