¿Y la política social?

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Las decisiones políticas que toman las autoridades para mantenerse en el poder, la política económica referida como las decisiones del Gobierno para influir en la economía, y la política social como medidas orientadas a la distribución de bienes públicos, quedan como referentes de las decisiones gubernamentales y la naturaleza de sus objetivos da oportunidad para diferenciarlas. Así, serán metas claras de todo gobierno encargado de implementar políticas públicas: preservar equilibrio presupuestario, bajo desempleo, estabilidad de precios, equilibrio externo de la economía, crecimiento económico sostenible, eliminación de la pobreza y reducción de las desigualdades.

En el caso de los dos últimos objetivos, cuando se plantean y se tiene claro la necesidad de lograrlos no solamente como resultado del tenue reconocimiento por parte del Gobierno de los problemas y necesidades que enfrenta una población, sino que son producto de las luchas sociales y políticas de grupos de la sociedad que hacen públicas sus demandas, estos pasan a ser metas de política social. Es decir, corresponden al ámbito de las políticas públicas que expresan los intereses de los ciudadanos.

Concebida de esta manera, la política social corresponde a la acción del Estado con el propósito de alcanzar cambios en la sociedad relacionados con mejores condiciones de vida materiales e inmateriales para todos sus miembros. Pertenece al esfuerzo público para alcanzar una sociedad mejor tomando en cuenta el mayor número de opiniones e informaciones acerca de las necesidades de la población y las penurias de los grupos menos favorecidos. En este contexto, evita dejar en manos de las fuerzas de mercado la asignación de recursos y en la plena libertad de los agentes económicos el logro del bienestar colectivo; descarta el esquema de gestión pública extremadamente acotado que propone el Estado de Bienestar, que busca proveer montos básicos de bienes y servicios que garanticen un entorno digno de existencia para toda la población; y se plantea como estrategia para la superación de la pobreza e igualación social en el marco de una elevada participación ciudadana (González y La Cruz, 2007; Valdés y Espina, 2011).

Los objetivos de la política social deben ir más allá de garantizar un mínimo de condiciones básicas a los ciudadanos o solo la lucha contra la pobreza, ya que constituyen una tarea integral que incorpora todas las dimensiones de la gestión pública que tengan impacto en la lucha contra la pobreza, políticas de distribución del ingreso, medidas contra la desigualdad, garantía de justicia, y sobre todo estabilidad de la economía. No se puede esperar que con medidas compensatorias asistencialistas la economía se estabilice y comience la senda de crecimiento deseada, ya que se estaría considerando la gestión social del gobierno como única fuerza capaz de dirigir la dinámica económica nacional.

@ajhurtadob